El Concello ayudará a los ciudadanos a alegar contra el "catastrazo" de los galpones
Por Alejandro Espiño
Cientos de pontevedreses han recibido ya las notificaciones del Catastro para revisar sus propiedades en busca de gallineros, establos, piscinas, galpones u otras construcciones rurales que, hasta ahora, estaban exentos de tributación del IBI. Esa circunstancia ha cambiado y este "catastrazo" obligará a muchos ciudadanos a "rascarse" el bolsillo.
Los afectados tendrán que pagar una tasa de 60 euros por dicha revisión catastral y, a partir de ese momento, tributar a la hacienda municipal por este tipo de construcciones.
Además, dependiendo de las circunstancias, el pago puede tener carácter retroactivo y obligar al contribuyente a abonar la tributación correspondiente a ejercicios anteriores.
El gobierno municipal entiende que esta revisión de oficio que realiza el Catastro "non ten sentido", según ha explicado Raimundo González, y pone en peligro la "estrutura tradicional do rural", en donde muchas casas tienen pequeñas construcciones auxiliares para guardar los aperos de labranza, leña o diversa maquinaria agrícola.
Este gravamen puede suponer un aumento medio de "dez ou quince euros" al año en el IBI para los ciudadanos afectados, por lo que González, responsable de Facenda en el gobierno local, entiende que repercusión para las arcas municipales es "mínima".
"O único que logramos é cabrear aos cidadáns", ha señalado el portavoz municipal, que ha adelantado que el Concello se pondrá a disposición de los ciudadanos que reciban el aviso de "catastrazo" para ayudarles a realizar las correspondientes alegaciones.
Será a través de una empresa especializada que será contratada en los próximos días, según ha avanzado Raimundo González, que ha explicado que los servicios técnicos municipales ya se encuentran gestionando esta contratación por los correspondientes canales administrativos.
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