Aplazado sin fecha el juicio contra Nené Barral por contrabando y cohecho
Por Natalia Puga
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido suspender el juicio inicialmente señalado para la próxima semana contra doce personas acusadas de contrabando, cohecho, asociación ilícita y revelación de secretos por funcionario público. La causa, la pendiente de juicio más antigua de España, sentará en el banquillo, como principal acusado a Nené Barral, alcalde de Ribadumia durante 18 años y que llegará a juicio a los 78 años.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que el juicio estaba previsto, pero fue necesario suspender por enfermedad de uno de los intervinientes. De momento, no hay fijada nueva fecha para su celebración.
La causa es tan antigua que se remonta a hace 21 años. El propio Nené Barral fue detenido en relación con este procedimiento en mayo del año 2001, un arresto que motivó su dimisión como alcalde del PP, si bien años más tarde volvería a la política con Independientes por Ribadumia
La tardanza en llegar a juicio ha provocado que tres los procesados ya hayan fallecido y que Nené Barril se siente en el banquillo de los acusados casi octogenario.
Nené Barral, considerado durante años uno de los principales capos del contrabando en Galicia, es, según la Fiscalía, el líder de la organización criminal y pide que sea condenado a 10 años de prisión y el pago de una multa de 15 millones de euros.
Esta causa, que tiene origen en una investigación del juez José Antonio Vázquez Taín en su etapa en Vilagarcía de Arousa y en un alijo de dos contenedores de tabaco ilegal en Vigo, también sienta en el banquillo al hermano del ex alcalde de Ribadumia, Feliciano Barral.
La causa es de 2001, si bien los hechos que le atribuye la Fiscalía empezaron incluso antes, en 1996. Así, el ministerio público sostiene que Barral actuó “de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca" y que todos integraban "en Europa y en España, fundamentalmente en la Comunidad Autónoma Gallega (en las provincias de A Coruña y Pontevedra)" un grupo "organizado, estable con proyección internacional, y delimitada asignación de tareas y jerarquización entre sus miembros".
Según el fiscal, entre 1996 y la desarticulación del grupo en mayo de 2001, trabajaron "con la finalidad de procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor”.
La acusación señala que este grupo dispone de dos pesqueros y un buque mercante para su actividad y que, con ella, "causan un perjuicio económico tanto a la Hacienda Pública estatal como a los presupuestos de la Unión Europea".
El mando de esta asociación era asumido por Barral, mayor de edad y sin antecedentes penales en el momento de la comisión de los hechos, que el fiscal considera que ostentaba "la máxima capacidad de decisión en ese grupo en territorio español", proyectando, planificando y dirigiendo las labores a desempeñar por los demás componentes de la misma.
Su hermano, también sin antecedentes penales en el momento de los hechos, en cumplimiento de las órdenes directas de Nené Barral, ejercía funciones de enlazar el mando superior con los integrantes del mando intermedio.
Entre los acusados también figuran tres agentes de Vigilancia Aduanera. Uno de ellos, informaba a la asociación de los planes operativos que Vigilancia Aduanera realizaba por vía marítima y aérea y de las mismas investigaciones en curso, siendo esta información "de gran importancia para realizar su actividad delictiva, dirigida a proporcionar impunidad".
Los otros dos, en su condición de observadores aéreos a bordo de aeronaves de Vigilancia Aduanera, realizaban oficialmente la exploración al oeste de la costa gallega y tenían como misión la vigilancia de objetivos sospechosos de dirigirse hacia las costas gallegas con mercancías ilícitas, tabaco de contrabando o sustancias estupefacientes.
En el banquillo también se sentarán dos agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos estaba relacionado con los hermanos Barral, que mantenía con ellos contactos personales y telefónicos "destinados a trasladar información de que tenía conocimiento por su función en cuanto fuera de interés para los fines de la asociación".
Estos agentes del orden están todos acusados de revelación de secretos por funcionario público.
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