Ponte Caldelas mantiene su oferta a la Xunta de pagar las expropiaciones de la PO-234
Por Redacción
El anuncio el pasado viernes por parte de la Xunta de Galicia de que asumirá las expropiaciones necesarias para la reforma de la carretera PO-308 no deja de generar reacciones. Una de ellos es la del gobierno bipartito de Ponte Caldelas, que interpreta el anuncio de la administración autonómica como que el Concello de Poio logró que la Xunta asuma las expropiaciones de las obras de mejora de la seguridad vial después de "más de una década de un conflicto inútil" y en el que se perdieron vidas humanas.
El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Diaz, felicita al Concello de Poio por "haber conseguido" esta medida y también al director general de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez, por "haber demostrado inteligencia para que la Xunta se haga cargo de sus competencias".
Ahora que en la PO-308 ya se camina hacia una solución, Andrés Díaz espera que lo sucedido en Poio "se traduzca también en el final de la disputa institucional" con el Concello de Ponte Caldelas a propósito de la mejora en la seguridad vial en el tramo de las curvas ciegas de Laxoso en la PO-234.
Al respecto, recuerda que el pasado mes de enero entregó una propuesta de convenio que asegura que convirtió a Ponte Caldelas en el primer municipio de España en ofrecerse a pagar las expropiaciones de las obras en una carretera autonómica. "Pasados tres meses aún no hay respuesta oficial", lamenta, pero insiste en su voluntad de mantener en pie la oferta de correr con las expropiaciones.
"Nosotros nos alegramos de que la Xunta haya entrado en razón en Poio, pero si tenemos que pagarles las expropiaciones para que arreglen la PO-234 lo haremos", aseguró a través de un comunicado Andrés Diaz, para pasar a insistir en que "lo que más nos importa es que la obra se haga".
Andrés Diaz también manifiesta su deseo de que que este conflicto contribuya a que la Xunta de Galicia "abandone definitivamente la táctica de culpabilizar a los concellos donde no gobierna el PP", exigiéndoles la entrega de los terrenos para ejecutar obras en la red autonómica de carreteras. "Sería incomprensible que el Gobierno de España hiciese lo mismo con la red estatal de carreteras, pero parece que Galicia es sitio distinto", concluye.
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