El juez decide seguir adelante con la causa por cohecho contra Louzán y él opta por no declarar
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán; su esposa, María Teresa Cores Fernández; y el diputado provincial del PP Severino Reguera están oficialmente imputados por el delito de cohecho continuado en relación con la compra y posterior alquiler con sobrecoste de tres bajos comerciales en la zona de Navia, en Vigo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados ha decidido este miércoles continuar con la tramitación del procedimiento por la ley del jurado con los tres como imputados y ha acordado ya la práctica de las primeras diligencias, entre ellas la declaración de todos ellos. Todos se acogieron a su derecho a no declarar.
Louzán, su esposa y Severino Reguera (elegido como concejal en Pazos de Borbén) estaban citados para una comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley del Jurado en la que el fiscal del caso, Augusto Santaló, confirmó su imputación y las defensas de los tres imputados alegaron contra la misma. Oídas las partes, el juez número 2 de Cambados, José Manuel Hermo, podía decidir si continuaba con el procedimiento o archivaba la causa tal y como le pidieron los abogados defensores y optó por seguir adelante con la causa. El acto judicial supuso, de esta forma, la confirmación de las imputaciones contra los que hasta ese momento eran investigados.
Louzán llegó sereno y caminando a los juzgados de Cambados unos minutos antes de las 17.00 horas, momento para el que estaba citado, y prestó declaración ante los medios de comunicación presentes quejándose de que él, como figura pública, se veía sometido a una doble presión, pues "teño dúas comparecencias hoxe, a que teño aquí con ustedes (en relación a lso periodistas) e a que teño ahí dentro" ."O cidadán Rafael terá que comparecer dúas veces, dentro e aquí e así sucesivamente", lamentaba, al tiempo que mostraba su "total e absoluta" colaboración con la Justicia: "estarei para todo aquilo que se me pida e se me pregunte". Dos horas y media más tarde, cuando llegó el momento de declarar no lo hizo.
A su salida de los juzgados, alrededor de las 20.00 horas y visiblemente cansado, aseguró que no había declarado porque se había hecho tarde, "son camiño das oito da tarde e quizáis habera que facelo noutro momento" y reiteró su "respecto á labor xudicial" y que sus abogados aportarán la documentación solicitada por el juez. Un poco nervioso al principo de su larga declaración ante los numerosos medios de comunicación presentes, Louzán mantuvo en todo momento su inocencia y defendió su "bo proceder" en una forma de actuar que circunscribe al ámbito "estrictamente privado".
"Ningunha das decisións que eu tomei na Deputación teñen relación con este caso, que eu tivera xestioando algunha cousa para favorecer a esta persoa", aseguró, mientras que el fiscal sostiene que sí, pues él y su esposa adquirieron unos locales comerciales en Navia "sabiendo que el precio de la compra iba a ser pagado por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo y mismo partido (Severino Reguera), y cuya proyección política depende de aquel".
Esa acusación figura en la querella inicial de Augusto Santaló, que este miércoles confirmó "con algunas modificaciones" pero Louzán se defendió de ella ante los medios y aseguró que tiene tres potestades como presidente provincial que podrían haber beneficiado a Severino Reguera y no optó por ninguna de ellas. Se trata de nombrarle vicepresidente, diputado con dedicación exclusiva o miembro de la Xunta de Goberno, tres cargos con los que tendría mejores retribuciones, pero "non fixen nada para poder darlle algún deses cargos" y es un diputado más que solo cobra por asistencia a plenos y comisiones.
Precisamente, el fiscal, que también habló al término de la comparecencia, pidió al juez que acordase como diligencia de prueba que la Deputación Provincial aportase todas las retribuciones que recibe Reguera. El juez acordó pedir esa documentación y también otras como la declaración de las personas que les vendieron los citados bajos comerciales. Además, la defensa de Louzán y su mujer pidió, como prueba, que declaren ante el juez los responsables de una empresa inmobiliaria que suscribe un informe según el cual esos locales no están alquilados con sobreprecio, sino con tarifas de mercado.
Louzán sostiene que "hai probas máis que suficientes" para corroborar eso último, pues en la misma calle "hai prezos máis altos e máis baixos" y asegura que se trata de "un acordo puramente mercantil", pero el fiscal recuerda que "es un contrato de derecho privado, pero entre dos personas de derecho público, dos personas que están en la Deputación", además de lamentar que no haya querido declarar.
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