Un equipo liderado por un exministro de Zapatero asume la lucha judicial del Concello contra ENCE
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Por Alejandro Espiño
Francisco Caamaño, ministro de Justicia entre 2009 y 2011, liderará el equipo jurídico que ha contratado el Concello para continuar con su batalla judicial contra la fábrica de Ence en Lourizán. Así lo ha anunciado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
Fue la propia asesoría jurídica municipal, según Fernández Lores, la que recomendó contratar al bufete madrileño CCS Abogados para continuar con este proceso.
"Teñen recoñecida solvencia e experiencia neste tipo de procesos", ha subrayado el alcalde. Asumirán tanto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como el incidente de nulidad que se planteará ante la sentencia del Supremo que avala la continuidad de Ence.
El propio Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, es un abogado especializado en derecho administrativo y constitucional. Es, además, experto en el asesoramiento a medianas y grandes empresas en materia de cumplimiento normativo.
Junto a él estará un reputado jurista y magistrado. Se trata de Ángel Juanes, expresidente de la Audiencia Nacional y exvicepresidente del Tribunal Supremo.
Este equipo legal se completa con Almudena Fernández Carballal, catedrática de Derecho Administrativo y especializada en derecho urbanístico; y Ángel Judel Pereira y David Rodríguez Fidalgo, expertos en derecho administrativo y sectores regulados.
El regidor pontevedrés ha explicado que este bufete ha aceptado este encargo porque considera que "é un reto" abordar un proceso judicial que requiere una "alta especialización e saber moverse moi ben". A ellos les interesa, según Lores, "porque hai partido".
Fernández Lores ha recordado que "o que está en xogo é a viabilidade da Lei de Costas e o respecto polo espazo marítimo terrestre", así como la recuperación de la ría de Pontevedra.
Para ello, el Concello recurrirá ante cualquier instancia "que sexa necesaria", incluida la justicia europea, si bien por ahora "temos que esgotar primeiro todas as vías no propio Estado".
La minuta que pagará el Concello a estos abogados será de 26.000 euros más IVA.
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