El equipo Pegaso de la Guardia Civil, tras la pista de todo lo que vuele
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La proliferación de RPA,s (aeronaves pilotadas por control remoto), comúnmente conocidas como drones, añadió complejidad a la gestión de la seguridad en el aire y llevó a la Guardia Civil a la creación de unidades específicas. Desde el año 2016 se han expandido por toda España y desde octubre de 2019 uno opera en Pontevedra. Con la Comandancia como sede de sus operaciones, tres agentes se encargan de la vigilancia de toda la demarcación de la Guardia Civil en la provincia.
El cabo primero Omar es el jefe del grupo y, con los guardias civiles Maite y Agustín, dos drones y un equipo antidron integran el grupo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional), lo que se ha dado en llamar 'policía del aire', dedicado en exclusiva al control integral de la aviación general y los drones.
"Nos dedicamos a controlar actividades aéreas, de aviación ligera y deportiva, aeródromos de servidumbres aeronáuticas y otras actividades como globos aerostáticos o parapente. En resumidas cuentas, todo lo que vuele", resume el cabo primero Omar.
Para poder desempeñar estas funciones, además de la formación específica que supone su trabajo como agentes de la Guardia Civil y de la Jefatura de Fiscal y Fronteras, han recibido formación específica con la colaboración de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ENAIRE y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). Han aprendido a pilotar drones, se han empapado de las legislaciones nacional y europea que regulan la actividad aérea y realizan continuas actualizaciones formativas para mantener el equipo Pegaso al día.
Para entender la importancia de su actividad, baste poner un ejemplo de un incidente registrado el pasado 27 de mayo en Poio. Se declaró en la zona de A Caeira el primer incendio del verano en la comarca y se movilizó un helicóptero del servicio de extinción, pero no pudo aterrizar porque un dron estaba volando en la zona.
El piloto del dron contaba con todos los permisos, pero incurrió en una irregularidad porque la normativa establece que las aeronaves tripuladas (el helicóptero de extinción de incendios en este caso) tienen prioridad sobre las no tripuladas (el dron) y esta negligencia puede suponer para el responsable una sanción que irá desde los 60 a los 225.000 euros.
Cuando se producen este tipo de incidentes, entra en escena el equipo Pegaso, pero esa es solo la parte visible de un trabajo muchas veces callado que desempeñan en su día a día, en el que también controlan la seguridad del aeropuerto de Vigo, el aeródromo de Caldas o instalaciones de emergencias como el helipuerto del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la base de extinción de incendios de Queimadelos (Mondariz).
Se encargan del control de los drones, pero también de servidumbres aeronáuticas, vigilando incumplimientos de la normativa que puedan tener algún impacto en la seguridad de los vuelos como grúas torre, obstáculos y toda elevación del terreno alrededor de estas instalaciones.
Una parte importante de su trabajo está relacionada con los drones, sobre los que ejercen vigilancia tanto en actividades recreativas como profesionales. Señalan que resulta muy complicado saber cuántos drones surcan el cielo pontevedrés, pero que la AESA sí tiene un registro de todos los operadores dados de alta como tales en la provincia.
Y es que, nada más comprar uno de estos aparatos, una de las obligaciones de todo usuario es darse de alta como operador europeo. También será obligatorio que el equipo tenga seguro y que la persona que lo utilice conozca las normativas española y europea que los regula. Si la aeronave pesa más de 250 gramos también deberá contar con una habilitación especial.
En todo caso, sí confirman que el número de aparatos ha aumentado de forma importante en los últimos años porque su compra es fácil y su precio, asequible. Así, "se pueden comprar más baratos, pero a partir de 400 euros ya los hay serios". De un modelo a otro varían mucho los precios, pero si lo que busca el usuario es uno con una buena cámara y que no se pierda a la primera de cambio, deberá ingresar alrededor de esos 400 euros.
En función del peso y de su método de grabación o cámara, también el aparato debe darse de alta y, para aquellos que quieran hacer un uso profesional del aparato, es obligatorio comunicar a las autoridades que se va a realizar un vuelo. El silencio es positivo y que se autorice o no dependerá del nivel de riesgo, derivado del lugar donde se efectúa el vuelo y de las características de la aeronave. Además, si implica ocupación de la vía pública, debe gestionarse una autorización ante el ayuntamiento en el que se vaya a operar.
La normativa que regula el uso de los RPA's es compleja y conviven normas europeas y españolas que, muchas veces, convierten en casi un imposible que el ciudadano sepa qué normas debe cumplir. Para ayudar a volar con seguridad y cumpliendo las normas, pueden recurrir al equipo Pegaso, que tienen entre sus cometidos asesorar a los operadores de drones y cuentan también con un recurso fundamental en Internet: Drones.enaire.es.
A través de esa web, el usuario podrá situarse en la zona del mapa en la que quiere volar y conocer las restricciones que tiene y ante qué organismo autonómico o estatal debe gestionar los permisos de vuelo. Ahí sabrá si se encuentra en zonas de exclusión de un aeropuerto o helipuerto, si la zona está afectada por una protección especifica por Red Natura o si es un área en la que está prohibido volar por afectar a limitaciones del Ejército o de las Fuerzas de Seguridad. Las particularidades son tantas como zonas de vuelo y gracias a esa página podrán saberlas antes de subir al aire sus aparatos.
Cada día, los tres integrantes del equipo Pegaso reciben una lista de todos los vuelos comunicados y, de media, reciben al menos tres profesionales cada jornada en entornos urbanos. Aquellos vuelos que se van a producir en zonas de aglomeraciones, fiestas o eventos multitudinarios reciben un seguimiento más exhaustivo, pero al resto de vuelos le realizan un seguimiento específico tan solo si tiene constatación de que se dan situaciones de peligro.
Omar, Maite y Agustín constatan que en los últimos años el crecimiento ha sido imparable. Así, por ejemplo, hace dos años el entorno del espacio aéreo controlado del aeropuerto de Vigo tenía 30 o 40 vuelos diarios y este año 2022 ya llevan entre 170 y 180 en poco más de cinco meses.
La proliferación de estos aparatos también aumenta las infracciones y el equipo Pegaso constata que la mayoría de los incumplimientos son de operadores que no realizan una coordinación adecuada con los aeródromos. Es la irregularidad más habitual y también "la que más riesgos supone".
También reciben consultas de la ciudadanía, que muchas veces ven peligrar su intimidad por la cercanía de uno de estos aparatos no tripulados o alertan a las Fuerzas de Seguridad al ver uno cerca.
Todos los operadores sobre los que se reciben quejas son identificados, muchas veces directamente por una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, sin necesidad de que se desplacen Omar, Maite o Agustín. Ellos sí se desplazan si se dan situaciones de peligro y llegan a utilizar el equipo antidron o inhibidores, pero "siempre de forma gradual y solo si la aeronave es hostil".
Al respecto, aclaran que la intimidad no se vulnera por la captación de imágenes, sino por su difusión, como sucede con las cámaras de fotos o vídeo profesionales. "Puede sacar un vídeo, pero no difundirlo", aclara el cabo primero Omar.
El guardia Agustín también insiste en que "no estamos constantemente encima del piloto de dron para criminalizarlo, que es lo que muchas veces ellos dicen, que se sienten como si estuviesen cometiendo una irregularidad". Todo lo contrario, tan solo le trasladan la necesidad de tomar conciencia y no incurrir en negligencias como la del que se siente como si estuviera cometiendo una ilegalidad como la de hace semanas en A Caeira.
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