Seis años y medio de prisión para dos guardias civiles por filtrar archivos confidenciales a narcos
Por Natalia Puga
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a los agentes de la Guardia Civil Javier López Suárez y Diego Fontán Cuesta y al empresario y presunto narcotraficante Juan Carlos Santorum Navazas, juzgados durante los útlimos mese por supuestamente obtener información confidencial de investigaciones del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y facilitársela a narcotraficantes.
Los tres negaron las filtraciones de información, que habría alcanzado los 2.500 archivos, muchos de ellos de actuaciones protegidas por secreto de sumario, pero el tribunal provincial consideró probada su culpabilidad y les impuso penas que van entre los dos años y tres meses y los tres años y medio de prisión.
El peor parado de la sentencia condenatoria ha sido Diego Fontán Cuesta, que habría cometido el delito como integrante de la Policía Judicial. La Audiencia le absuelve de los delitos de integración en grupo criminal, encubrimiento y delito continuado contra la intimidad y le condena por el delito de revelación de secretos a tres años y 6 meses de prisión, multa de 17 meses a razón de 10 euros al día y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 años y 6 meses.
A Javier López Suárez también lo condenó finalmente tan sólo por el delito de revelación de secretos, en su caso, a la pena de 3 años de prisión, multa de 15 meses a razón de 10 euros día y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de 2 años. Resultó absuelto de integración en grupo criminal, encubrimiento y delito continuado contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de grupo criminal.
El tercer acusado, Juan Carlos Santorum, acusado de ser el enlace entre los citados agentes y los supuestos narcotraficantes, ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión como autor de un delito de revelación de secretos cometido por particular, absolviéndole la Audiencia del delito de integración en grupo criminal.
Las magistradas de la Sección Cuarta consideran probado que Javier y Diego, acordaron que "valiéndose de su destino profesional", se harían con diversa "información relevante y sensible" de las distintas investigaciones y operaciones judicializadas llevadas a cabo en su unidad "relativas esencialmente a la materia de narcotráfico" siendo Diego quien una vez la tuviera en su poder "procedería a su revelación y difusión".
Concluye que ambos eran "conscientes del perjuicio que tanto para la administración pública como para los particulares afectados causaban con sus acciones así como de las graves consecuencias que para las investigaciones y operaciones generaban".
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