La Diputación se desmarca de la tasa de 60 euros que cobra Hacienda por la revisión catastral
Por Oskar Viéitez
El diputado Carlos López Font, responsable del área de Economía, Hacienda y Régimen Interior en la Deputación de Pontevedra, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para aclarar el "juego perverso" que, a su juicio, está haciendo el Partido Popular al dar a entender "con una clara tendenciosidad política" que es responsabilidad del ORAL la imposición de una tasa de 60 euros por la regularización catastral "decidida por el Gobierno del Estado".
Para López Font es un "absoluto escándalo" que se le responsabilice al ORAL cuando este organismo "únicamente hace el papel de recaudador", es decir, "actúa exclusivamente como intermediario" de aquellos concellos que tienen voluntariamente delegada su gestión en este servicio de la Deputación.
La tasa catastral de 60 euros la cobra y la ingresa el Ministerio de Hacienda por los gastos de gestión como las fotografías aéreas, la inspección sobre el terreno y otros conceptos.
El diputado López Font ha acusado a algunos alcaldes del Partido Popular de "seguir alentando esa confusión de que parece que es algo que cobra la Deputación en su propio beneficio".
Según el diputado de Economía, la aplicación de esta tasa "ha supuesto muchísima confusión y muchísima inquietud" según se puede comprobar en las reclamaciones presentadas, lo que ha llevado al Partido Socialista, recordó, a pedir la supresión de la tasa de 60 euros que se está aplicando a cada inmueble regularizado.
También el gobierno provincial pide la eliminación de esta tasa "porque creemos que es esquilmar a los ciudadanos", ha añadido.
"Es una tasa que viene absolutamente impuesta y en la medida que nos corresponde gestionar ese impuesto, en aquellos concellos que así lo han delegado, estamos obligados a hacerlo", ha insistido López Font.
El ORAL es el Organismo Autónomo de Gestión de Recursos para la Administración local y tiene como finalidad informar y asistir al contribuyente, así como gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos y demás ingresos públicos de los ayuntamientos y de otras entidades públicas que lo deleguen.
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