Veinte personas llegan a juicio 15 años después de los hechos a juzgar y cuatro más tarde de la primera citación
Por Natalia Puga
La Audiencia Provincial de Pontevedra volverá a intentar celebrar la próxima semana un macrojuicio ya suspendido un mínimo de dos veces en los años 2017 y 2018 y que se refiere a hechos que se remontan a hace 15 años. Se trata de una vista oral contra veinte personas acusadas de participar en una presunta estafa continuada a aseguradoras a través de partes fraudulentos de accidentes de tráfico en distintos puntos de Pontevedra y su área de influencia.
La sección segunda de la Audiencia ha fijado el juicio para el martes 21 de septiembre a las 10:15 horas de la mañana y, en principio, están acusadas 20 personas, si bien es posible que muchos de esos procesados hayan llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que les evite tener que sentarse en el banquillo de los acusados.
En la suspensión de mayo de 2018 -ya se había aplazado en septiembre de 2017-, se intentó alcanzar esos acuerdos. De aquella, dos acusados estaban ausentes porque se encontraban en México y no habían podido ser citados y el fiscal del caso, Jesús Calles, intentó pactar con los 18 acusados presentes.
Las negociaciones avanzaron mucho con más de la mitad, pactando acuerdos que supondrían cumplir penas de prisión inferiores a las que el fiscal pedía inicialmente, que van entre uno y cinco años de cárcel.
A la espera de que se confirme si finalmente hay esos acuerdos, el fiscal pedía penas que sumaban 45 años por diferentes delitos, entre ellos, dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil en concurso con dos continuados de estafa, seis delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con seis delitos consumados de estafa, tres delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con tres intentados de estafa, dos delitos de simulación de delito en concurso con dos intentados de estafa y un delito de simulación de delito en concurso con otro consumado de estafa.
Las indemnizaciones varían entre los 1.455,57 euros la más baja y los 34.961,96 euros la más elevada.
Las estafas que se juzgarán son variadas. En algunos casos, las compañías aseguradoras llegaron a pagarle dinero a los acusados por presuntos accidentes que finalmente se demostró que no se habían producido. En otros, no llegó a pagar al dudar ya de las circunstancias de la incidencia en el momento en el que se denunció.
Todas se remontan a un mínimo de trece años atrás, pues la operación de la Policía Local de Pontevedra que destapó la trama es del año 2008. Varios de los casos están relacionados con vehículos que el Consorcio de Compensación de Seguros abonó como siniestro total tras las inundaciones ocurridas en la comarca de O Salnés de noviembre del año 2006 y que, posteriormente, los dueños traspasaron a otra persona. Volvieron a contratar una póliza de seguros y supuestamente sufrieron un accidente por el que volvieron a reclamar dinero.
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