Los acusados de la operación Bodeguilla se excluyen de toda relación con el alijo de droga y acusan a un guardia civil
Por Natalia Puga
Los seis acusados por la conocida como operación ‘Bodeguilla’ por intentar introducir un alijo de más de 497 kilos de cocaína en 2016 a través del puerto de Algeciras han reiterado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra su inocencia, desmarcándose de cualquier posible responsabilidad en la droga camuflada en contenedores de fruta y cacao que tenía como destino Galicia. En el inicio del juicio el pasado 3 de junio ya sostuvieron su inocencia y este miércoles todos declararon ante el tribunal y se reafirmaron.
La mayoría de los acusados tan sólo respondieron a las preguntas de sus abogados, de modo que evitaron el duro interrogatorio que el fiscal antidroga, Pablo Varela, sí realizó al resto. El más extenso y detallado fue el de José Castro Lamas, considerado un estrecho colaborador del supuesto líder de la red de narcotraficantes desarticulada en este operativo, Luciano ‘Chano’ Núñez, conocido también como Lucky Luciano y condenado en la operación Nécora, pero que no será juzgado porque falleció durante la instrucción de la causa.
Castro no sólo se defendió, sino que cargó tintas contra un brigada de la Guardia Civil de Pontevedra que la Fiscalía sostiene que fue contactado por 'Lucky Luciano’ porque estaban buscando a un agente del Cuerpo que hiciese la vista gorda para que su red criminal introdujese droga a través del método del 'gancho ciego' por un puerto español. Según la tesis de la acusación, este guardia civil recibió esta propuesta de soborno y contactó con sus jefes. Para intentar detener a los narcotraficantes, se promovió la figura de un agente encubierto, un guardia civil que la organización pensaba que facilitaba que lograsen introducir la droga por el puerto de Algeciras, si bien él lo hacía como parte de la investigación.
Frente a las tesis de la Fiscalía, José Castro, que se enfrenta a 15 años de cárcel y multas de 168 millones de euros, sostuvo este miércoles ante la sala que el brigada pontevedrés fue el que quiso promover la operación, y no al revés. Así, aseguró que fue este guardia el que "nos propuso una serie de cosas" a Luciano Núñez y a él, con el fin de conseguir fondos para el ya fallecido, que sufría una grave enfermedad y estaba arruinado en aquella época, y para el propio guardia, que estaba a punto de jubilarse.
Según su versión, el brigada "quería hacer una operación de narcotráfico y tenía a guardias amigos en Algeciras y Bilbao". Le atribuyó al agente una "maldad profunda" para manipular la situación y asegura que todo fue ideado por él y no por los detenidos. Además, asegura que fue el otro guardia implicado en este caso, el infiltrado al que se dio el nombre de Alonso, el que organizaba todos sus movimientos, convocaba las reuniones y se encargaba de coordinar a los distintos miembros de la red.
En su caso en particular, José Castro mantiene que su papel fue viajar a Colombia y reunirse en Bogotá con Antonio, un hombre de pelo blanco del que no puede dar más detalles, pero siempre en nombre del brigada. "Eso es mentira", aseguró en varias ocasiones en las que el fiscal le atribuyó tareas de gestión de la organización. "Yo fui a donde me mandó Alonso".
Además de sostener su inocencia, este acusado, que declaró durante más de dos horas, también exculpó a otros procesados. Así, mantuvo que Manuel Fariñas, a quien se apunta porque, entre otras razones, alquiló un piso utilizado por la organización en Benalmádena, no tuvo ninguna relación con el caso, sino que fue el propio Castro el que alquiló el piso, pero "como tenía su DNI, lo utilicé, sin que él lo supiera".
También exculpó a Rafael Ortega Perea, un amigo de Málaga que supuestamente habría alquilado un coche también usado por la red. Según José Castro, tan sólo aparece su nombre porque él no tenía tarjeta de crédito y le pidió poder usarla, pero él nunca supo nada del alijo de drogas ni los preparativos para realizarlo. Asimismo, justifica que estuvo presente en muchas reuniones documentadas por la Guardia Civil supuestamente para preparar el tráfico de cocaína "porque somos amigos" y se veían mucho.
Este acusado pagó 9.600 euros al guardia infiltrado Alonso para realizar la operación, a modo supuestamente de soborno. Él también justificó este pago, asegurando que le pedía 40.000 euros para realizar gestiones y él acabó dándole menos de 10.000, dinero que, según explicó, "lo he pedido y todavía lo debo". Ese préstamo se lo pidió "a amigos", sin concretar a quién.
Con menos detalles, pero en la misma línea, fueron las declaraciones del resto de acusados. Ricardo Juan Dacal, vecino de Vigo que se enfrenta a 10 años y seis meses y 100 millones en multas, justificó sus reuniones con José Castro por su amistad, "lo veo cuatro o cinco veces por semana", y sus viajes a Colombia que presuntamente fueron para organizar la compra de la droga por motivos familiares, pues su esposa es de aquel país. De hecho, lamentó que "murió mi suegra y no pude ir" por el proceso judicial en el que está inmerso.
Juan Ramón Criollo, que se enfrenta a 15 años y multas de 168 millones, es propietario de un negocio de telefonía, internet y envíos de dinero y está acusado, entre otras cuestiones, de facilitar los medios tecnológicos con los que se comunicaban el resto de integrantes de la red para eludir la vigilancia policial. Les facilitó teléfonos blackphone a dos acusados y hay documentadas reuniones con ellos, pero en su declaración sostuvo su inocencia y aseguró que eran clientes de su negocio a los que ofrecía un servicio.
"Teníamos relación de clientes" y con algunos como Rafael Ortega se reunió en una cafetería porque tenían una relación personal por su padre, pero tan solo hablaban "de su hijo que acababa de nacer" o "de su esposa y su familia". Asegura que "no sabía" que los teléfonos que les vendió se utilizarían para organizar un alijo de droga -"los teléfonos están hechos para proteger a las personas, no para cometer delitos"- y que él mismo viajó a Colombia en 2016, antes de que se desmantelase la operación, por la boda de su hermano. Lo hacía muchas veces también por negocios.
El padre de este acusado, Jairo Criollo, que se enfrenta a 10 años y seis meses y 100 millones de euros de multa, aseguró a preguntas de su defensa que tan solo conocía a Rafael Ortega porque eran amigos y que nunca tuvo ningún tipo de relación con la droga ni realizó gestiones para traficar. Tan solo iba a Colombia por cuestiones familiares e incluso en 2016 no pudo ir a la boda de su hijo por un problema con la documentación.
Manuel Fariñas, para el que la Fiscalía pide 12 años y cien millones de euros en multas, tan solo reconoció tener relación con el mundo de la droga porque fue consumidor, pero negó toda relación con la operación.
El juicio se retomará este jueves para las conclusiones e informes finales de las partes.
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