El Estado deberá indemnizar a un interno atacado con una cuchilla en A Lama porque incumplió con su "deber de vigilancia"
Por Natalia Puga
Dos hombres acaban de ser condenados como autores de sendos delitos de lesiones por agredir al otro durante tres enfrentamientos producidos los días 6 y 7 de enero de 2019, cuando ambos estaban internos en el centro penitenciario de A Lama. Ambos han sido condenados y, además, por una de esas agresiones, el Estado deberá responder como responsable civil subsidiario e indemnizar a uno de los heridos.
La sentencia la ha dictado este mismo lunes la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y la condena de mayor importancia le ha sido impuesta a un interno de nombre Anxo al que el tribunal considera autor de un delito de lesiones y uso de instrumento peligroso. Deberá cumplir dos años y seis meses de prisión e indemnizar al otro implicado, de nombre Luis Fernando, con 8.615 euros.
De esta indeminización es de la que responderá el Estado a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en concepto de responsable civil subsidiario. Son 465 euros por perjuicio personal básico; 400 por la intervención quirúrgica de cirugía menor a la que fue sometido y 7.750 por el perjuicio estético ocasionado.
El otro interno, Luis Fernando, ha sido condenado por un delito leve de lesiones a dos meses de multa a razón de 6 euros/día (360 euros en total) y deberá indemnizar a Anxo con 6.935 euros: 155 por perjuicio personal básico y 6.780 por el perjuicio estético.
En el caso de la condena de Anxo, el Estado deberá pagar la indemnización porque, tal y como recoge la sentencia, incumplió "las medidas exigibles para garantizar la seguridad de los reclusos, así como la integridad física de las personas encomendadas a su custodia debido a la falta de vigilancia y de control que le son exigibles".
La sentencia argumenta que la agresión fue con un cuchilla de afeitar y, cuando se produjo, solamente estaba un funcionario vigilando, el cual "ni siquiera se hallaba presente en el módulo, sino en la cabina acristalada; es más, al coincidir con el reparto de metadona, es posible, según el jefe de servicio, que no hubiera ningún funcionario en el interior de la sala".
Los magistrados de la Audiencia consideran que el Estado incumplió con su "deber de vigilancia" y también con el de "control sobre el eventual porte de instrumentos peligrosos, como lo son las cuchillas de afeitar".
El inicio de este incidente fue el 6 de enero de 2019, cuando surgió una discusión entre dos internos por una deuda dineraria cuando subían por las escaleras para ir a las celdas. Durante el transcurso de la disputa, uno de ellos le propinó al otro un puñetazo en el ojo izquierdo. El agresor en este incidente fue Luis Fernando y la víctima Anxo.
Al día siguiente, fue Anxo el que intentó golpear en el comedor con un palo de escoba a Luis Fernando, pero otros internos lo impidieron. Posteriormente, cuando se hallaba en la galería anexa al comedor jugando al parchís, Anxo se le acercó por detrás y le cortó la cara con una cuchilla.
La sentencia reconoce que la falta de vigilancia por la que deberá pagar el Estado e produjo "seguramente, por escasez de funcionarios en el centro penitenciario" y apunta que faltó en dos momentos, "cuando se produjo el incidente entre los mismos internos en la subida de las escaleras camino a las celdas" y cuando lo intentó golpear con el palo de una escoba, "intento de agresión que, según pusieron de manifiesto los funcionarios en el acto del juicio, no vieron y que les fue relatado por los internos cuando investigaban los hechos".
El fallo judicial recoge que cuando sucedió la agresión con la cuchilla solamente había vigilando un funcionario y "ni siquiera se hallaba presente en el módulo, sino en la cabina acristalada; es más, al coincidir con el reparto de metadona, es posible, según el jefe de servicio, que no hubiera ningún funcionario en el interior de la sala".