Piden dos años de prisión para dos responsables de una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores
Por Natalia Puga
El gerente de la empresa multinacional de transporte Transegre, F.G.C., y el responsable del centro de trabajo de la entidad en la parroquia pontevedresa de Campañó, F.A.R, se sentarán el próximo 22 de noviembre en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra para rendir cuentas por un delito contra los derechos de los trabajadores que presuntamente cometieron en el año 2016 durante las elecciones sindicales en el centro de trabajo pontevedrés.
La Fiscalía pide que sean condenados a dos años de prisión y a inhabilitación especial para el cargo que desempeñaban cuando presuntamente cometieron el delito, F.A.R. como encargado de empresa y F.G.C. como gerente.
El escrito de acusación presentado por la fiscal de siniestralidad laboral, Marta Durántez, recoge que los dos acusados actuaron "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la libertad sindical" de los trabajadores. Entre otras acciones, sostiene que F.A.R. interrogó a los trabajadores de la empresa sobre su afiliación sindical y quiénes eran los concretos candidatos a representantes de los trabajadores.
En cuanto a F.G.C., le acusa de que despidió a dos trabajadores que se habían presentado como candidatos en las elecciones sindicales. Estos despidos fueron declarados nulos por vulneración del derecho de libertad sindical por sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Pontevedra luego confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Además, la fiscal mantiene que a pesar de los reiterados requerimientos del sindicato CIG impidieron la publicación del censo electoral y, "de forma torticera", adelantaron las elecciones que se iban a celebrar a las 9.00 horas a tres horas antes, las 6.00 horas, sin comunicar el cambio de hora del acto de constitución de la mesa y la posterior votación a los promotores de las elecciones sindicales.
El día de la votación también impidieron la entrada en el centro de trabajo de los representantes de la CIG que acudieron para la constitución de la mesa electoral y a tal fin contrataron un servicio de seguridad privada a través del que se impidió entrar a los representantes del sindicato nacionalista Xavier Aboi y Marcos Conde.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra invalidó el procedimiento de elecciones sindicales y expidió un acta de infracción contra la empresa por una infracción muy grave. La autoridad laboral correspondiente confirmó la infracción y en la actualidad el procedimiento administrativo sancionador está paralizado a la espera de cómo se resuelve el juicio previsto en los juzgados de A Parda.
Los sindicalistas de CIG Marcos Conde y Xavier Aboi dieron a conocer este juicio este lunes en una rueda de prensa en la que valoraron la importancia de que la denuncia presentada por su central sindical haya llegado a juicio, pues demuestra que "meterse cun traballador que quere ser representante sindical non lle pode saír gratis".
En opinión de Aboi, es "una indecencia" que se "siga permitindo" comportamientos como los de esta empresa, de ahí que aplaudan que en este caso las dos personas acusadas "van levar alomenos unha parte do castigo que merecen" y que aprendan que "non todo vale" cuando se trata de los derechos de los trabajadores.
El sindicato CIG ha convocado una concentración a las puertas de los juzgados de A Parda el día 22 de noviembre con motivo de este juicio y confían en que el juicio termine en condena.
Relacionadas:
-
Condena sin precedentes en un juzgado pontevedrés por un delito contra los derechos de los trabajadores
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
La CIG denuncia a Transegre ante el Juzgado por un delito contra los derechos de los trabajadores
Por Natalia Puga |
-
Denuncian el despido de dos candidatos de la CIG antes de elecciones sindicales
Por Redacción |