Todos los trabajadores de A Parda se movilizarán unidos contra la privatización del registro civil
Por Natalia Puga
"Non á privatización do rexistro civil" y "Sen Xustiza non hai dereitos. Non aos recortes" fueron los dos lemas que este jueves 'reinaron' en los juzgados de A Parda. Varias decenas de funcionarios vistieron camisetas que, en color amarillo, repetían las consignas y escenificaron ante los medios de comunicación la unidad que se ha generado entre todos los trabajadores judiciales para alertar a los ciudadanos sobre la privatización de los servicios del registro civil y luchar para que no se produzca.
Todos los trabajadores, al margen de las siglas sindicales, han decidido poner en marcha una campaña informativa y reivindicativa que comenzó este jueves con una comparecencia pública y que a lo largo de los próximos meses incluirá información a pie de calle a los ciudadanos, concentraciones a las puertas de los juzgados para "hacer visible" la situación y una recogida de firmas que se marca el objetivo de reunir 500.000 apoyos en toda España para poder tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil.
En nombre de todos los trabajadores habló Lola Filgueira, delegada de la Junta de Personal en A Parda, que avanzó que a nivel estatal las movilizaciones incluirán una manifestación de todo el sector de la Justicia en Madrid en una fecha todavía sin fijar para hacer ver al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, su oposición a la reforma legal del Ministerio de Justicia, oposición que ya habían mostrado en la calle en los dos últimos años a través de distintas protestas, pero que ahora se incrementa ante la inmediata entrada en vigor.
Los trabajadores defienden que el registro civil siga siendo público frente a una reforma de la ley que, según alertan, supondrá privatizar el sevicio en manos de los registradores de la propiedad. A pesar de que Catalá insiste en que el servicio seguirá siendo público, los trabajadores insisten en que el ministro "falta a la verdad" porque caerá en manos de unos trabajadores que "no son funcionarios públicos en sentido estricto" y que, además, tienen empleados con relaciones laborales de carácter privado.
Los trabajadores garantizan que se tramitarán todos los expedientes de matrimonio, pero ya no dan cita para bodas civiles
Entre otros peligros, alertan de falta de claridad sobre la forma en que se prestará el servicio una vez que el próximo 15 de julio entre en vigor la nueva reforma de la Ley de Registro Civil. "No se sabe, no está claro" cómo se gestionarán determinadas cuestiones como los expedientes de matrimonio, las fé de vida o los certificados de enterramiento.
En el caso particular de Pontevedra, una de las trabajadoras actuales del registro, Dolores Fidalgo, aseguró que el personal se ha comprometido a garantizar que de aquí a junio se tramiten todos los expedientes de matrimonio y agilizar los procedimientos ya en marcha, pero han dejado de dar citas para bodas civiles a celebrar después del 15 de julio porque "no sabemos qué va a pasar", dónde se celebrarán y quién asumirá los trámites. Esta situación se repite en todos los servicios que prestan en la actualidad y que pasarán a manos privadas.
Según los datos facilitados por los trabajadores, en la actualidad realizan funciones relacionadas con el registro civil 33 funcionarios judiciales en la provincia y otras 50 personas que trabajan en los juzgados de paz. Ellos seguirán trabajando y, como mucho, serán trasladados de puesto, pero "todos sufriremos como ciudadanos el efecto de esto". Así, aseguran que no se movilizan como funcionarios, sino como ciudadanos afectados por una medida que implicará que todos pasen a pagar por servicios que hasta ahora tenían de forma gratuita y porque a partir del 15 de julio, si esta reforma no se paraliza, "se aleja al ciudadano del registro civil" tanto a nivel económico como territorial.
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