Pontevedra y Poio negociarán el jueves sus lindes, sin apenas posibilidades de llegar a acuerdo
Por Alejandro Espiño
La disputa de los lindes entre Pontevedra y Poio es un trámite administrativo y no un "conflicto entre concellos". El concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima, insiste en asegurar que no hay enfrentamiento ninguno con el ayuntamiento vecino, pero lo cierto es que ninguno de los dos parece dispuesto a ceder ni un metro del terreno que, según defienden cada uno en sus respectivas propuestas, les corresponde.
Ambas partes se reunirán, por mediación de la Xunta, este jueves 5 de febrero a las diez de la mañana en el Concello de Poio. En dicho encuentro, Pontevedra defenderá la misma postura que mantuvo en el encuentro bilateral que se celebró en marzo de 2013. Es decir, deben regir los lindes marcados en el año 1938, que deja del lado capitalino la vieja cementera de A Barca, la comandancia de la Guardia Civil, el parque de Bomberos y la Xunqueira de Alba.
Así se reiteró este martes en la reunión de la comisión municipal de deslindes, formado por técnicos del Concello de Pontevedra y los portavoces de los tres partidos con representación en la corporación.
Por su parte, Poio defiende el deslinde establecido en 1889 y que sitúa la frontera entre ambos ayuntamientos en la desembocadura del río Rons, por lo que los espacios citados, junto con el Puente de las Corrientes, les pertenecen. Si bien, Luciano Sobral afirmaba este lunes que ellos estarían dispuestos a que el límite entre los dos municipios se situara en la nueva infraestructura, manteniendo Pontevedra su titularidad.
El resto de la disputa de lindes, otras 20 hectáreas más, sería en la zona norte de este límite, en su mayor parte monte comunal de San Salvador de Poio, San Xoan de Poio y Campañó. En toda esta área apenas hay conflicto, ya que la coincidencia es casi total. "Alí será máis doado porque se conservan os marcos", según Legísima. Entre los 200 afectados particulares, se verían afectadas como máximo tres construcciones. El resto son fincas rústicas y monte comunal.
Así las cosas, todo apunta a que tendrá que mediar en el asunto el Instituto Geográfico Nacional. De no haber acuerdo entre Poio y Pontevedra este organismo tendrá que emitir un dictamen oficial y este, posteriormente, será remitido a la Xunta de Galicia. Será el gobierno autonómico el que debe resolver este asunto y, a partir de ahí, las partes podrán adoptar las decisiones que, con la ley en la mano, tengan en materia judicial.
Se trata, en todo caso, de un asunto que podría tardar en resolverse. Vicente García Legísima recordó que la Xunta aún no ha dictaminado sobre los lindes entre Pontevedra y Marín, a pesar de contar con el informe del Instituto Geográfico Nacional "desde hai moito tempo". Incluso el ayuntamiento capitalino requirió de nuevo una resolución hace ya unos tres años y por ahora no hay respuesta de la institución autonómica.
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