Tres sentencias contrarias al Concello superan la quinta parte del presupuesto municipal
Por Redacción
Las tres principales sentencias judiciales dictadas con resolución contraria al Concello de Pontevedra en los últimos tiempos suman indemnizaciones que ascienden a 14 millones de euros. Los datos relativos a los casos Véteris, Gafos y Sogama no son nuevos, pero sí que se hayn juntado las tres sentencias pendientes del último recurso. Ante esta situación, el Partido Popular realiza una comparativa con el impacto que tienen las posibles indemnizaciones en las cuentas municipales y llama la atención sobre una conclusión: los 14 millones superan la quinta parte del presupuesto para este año.
Los 'populares' critican que esos 14 millones a los que podría tener que hacer frente al Concello de convertirse en firmes pesan sobre la Administración local "como una espada de Damocles". Los tribunales condenaron en primera instancia a pagar 4,7 millones de indemnización por el parking subterráneo de Véteris, 4 millones por no haber abonado parcialmente durante años el canon de Sogama y 5,3 millones por la usurpación de una parcela anexa al río Gafos. Para el PP, la suma de las tres resoluciones "amenazan con hipotecar durante años las cuentas municipales".
La oposición incide en que a esos 14 millones habría que sumar otra millonaria cantidad de intereses y sin que el Gobierno local haya reservado ninguna partida económica en los últimos presupuestos de 2014 para hacer frente a estos hipotéticos abonos.
Aún confían en que, en alguno de estos procesos judiciales, los servicios jurídicos municipales logren finalmente darle la vuelta al caso y eviten o reduzcan la cantidad de dinero a pagar, pero desde el PP, en todo caso, consideran que es una "importante amenaza" para el Concello que es responsabilidad de la manera de hacer política que atribuyen al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, "con la insumisión o el desprecio por las normas ajenas como bandera".
Además, recuerdan que el Concello aún tiene pendientes otros frentes judiciales como los relativos a la suspensión de la concesión de licencias sobre crematorios o a otras obras públicas. "Es difícil encontrar alguna actuación de envergadura impulsada por Fernández Lores en los últimos años que no haya terminado en disputa judicial", critican.
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