La Deputación exige al PP que pida perdón tras la sentencia que ratifica la relación laboral de 38 becarios con la administración provincial
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Por Oskar Viéitez
El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que se establecía, al igual que hiciera el Juzgado de lo Social, la existencia de una relación laboral entre 38 becarios y la Deputación de Pontevedra.
La Deputación ha expresado su respeto a la decisión del Supremo y ha exigido al Partido Popular que pida disculpas públicas por su plan de práctica laboral ya que, según el diputado Carlos Font "de aquellos polvos de planes indignos e irregulares llegan ahora estos lodos".
El secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Pontevedra, José Ramón Piñeiro Piñeiro, ha valorado que esta nueva sentencia "viene a demostrar con contundencia y con toda la claridad que la Deputación utilizó, de forma fraudulenta, a los becarios para que hicieran labores propias de personal laboral con la intención de abaratar costos de personal y de realizar pagos de favores".
A Deputaciónha aludido a la "catarata de herencias envenenadas del anterior gobierno"
Piñeiro ha recordado que Comisiones Obreras ya advirtió en su momento al Gobierno Provincial de que "se estaban utilizando a los becarios para realizar trabajos que correspondían al personal laboral" y que, "este sindicato no permitiría este fraude", algo que fue corroborado por la Inspección de Trabajo que cambió el epígrafe de los becarios en las cotizaciones a la Seguridad Social, pasándolos a personal laboral.
Jose Ramón Piñeiro ha asegurado que el Supremo da la razón a las denuncias de Comisiones Obreiras y "demuestra que el Equipo de Gobierno está haciendo una política de personal nefasta e impropia de un gobierno socialista, no teniendo en cuenta la legalidad vigente e ignorando la negociación con los representantes del personal".
Según Piñeiro, esta actuación implica un desembolso importante "aparte de tener que crear las plazas de estos trabajadores". Ahora espera que "le sirva de lección" al Gobierno Provincial para que, a partir de aquí, "se cumpla la legalidad vigente y tengan en cuenta a los representantes de los trabajadores y de esta forma no se malgaste el dinero de los ciudadanos".
RESPUESTA DE LA DEPUTACIÓN
El gobierno de la Deputación de Pontevedra ha expresado este lunes su "máximo respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo, y ha recordado que esos 38 becarios denunciaron "el antiguo Plan de Práctica Laboral, ideado, creado y puesto en marcha por el Partido Popular en 2012, con Rafael Louzán en la presidencia".
"El Plan de Práctica Laboral lo creó el gobierno de Louzán, lo desarrolló el gobierno de Louzán y fue el gobierno de Louzán quien sacó pecho con este plan de becas cuyas consecuencias son las que ahora nos traen hasta aquí", ha dicho el diputado responsable de Personal, Carlos Font, que ha exigido al PP que "al menos pida disculpas públicas por un plan de becas que tuvo que eliminar este gobierno ante las numerosas irregularidades y problemas que causaba, y sustituirlo en cuanto se pudo por un programa de contratos en prácticas, con salarios y condiciones laborales dignas".
El diputado, que aludió a la "catarata de herencias envenenadas del anterior gobierno", también expresó su "incredulidad por la sobreactuación del responsable sindical de CCOO en la Deputación, José Piñeiro, que corrió sin rubor a intentar adjudicar a este gobierno la responsabilidad de esta decisión judicial, cuando en la etapa política anterior aplaudía a rabiar el Plan de Práctica Laboral de Louzán y nunca lo denunció".
"Hay que tener muy poca vergüenza y mala memoria, dijo Font, para olvidarse de cómo defendió aquel plan a capa y espada, así como cada una de las decisiones del gobierno del PP de infausto recuerdo. Como sindicalista es tan responsable como el grupo popular", ha sentenciado Carlos Font.
El diputado socialista ha añadido también que "resulta lamentable que Piñeiro se vanaglorie de su supuesta denuncia cuando no deja de ser una fantochada totalmente falsa porque el proceso comenzó por una inspección de oficio realizada por la Inspección de Trabajo, al igual que inspeccionó la otras entidades públicas y privadas".
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