El grupo provincial del Partido Popular defenderá este viernes en el pleno de la Deputación de Pontevedra una moción para reclamar al Gobierno provincial que, sí el Ministerio de Fomento suspende el convenio firmado en el 2015 con la institución provincial para recuperar y poner en valor los yacimientos galaico-romanos de la provincia, apruebe un plan propio para dar continuidad a los trabajos.
El portavoz popular, Jorge Cubela, se refiere a noticias publicadas en los últimos días en los que el Ministerio de Fomento mostraba serias dudas sobre la continuidad de este proyecto, y señalaba que estaba valorando sí continuar o suspender su participación en las siguientes fases del protocolo firmado. “É evidente que anos despois de asinarse o convenio, comprobamos como algunhas actuacións si se realizaron, pero a maior parte delas continúan sen facerse”, señala Cubela.
Fue en una visita al castro Alto de la Cruz, en Cerdedo-Cotobade en el que Cubela, junto con la también diputada provincial Pepa Pardo, recordó que el convenio del 2015 entre Deputación y Gobierno central incluía que la institución provincial se ocupaba de la limpieza, del mantenimiento y de las excavaciones de los yacimientos de la provincia, mientras que desde el Ministerio se centraban lanas labores de accesibilidad y musealización.
En el protocolo, además del castro de Cerdedo-Cotobade, también se incluían otros yacimientos de la provincia, como Castrolandín en Cuntis; el Castro de Penalba, en Campo Lameiro; el Monte do Facho, en Cangas; Adro Vello, en el Grove; A Lanzada, etc. De suspenderse el protocolo por parte del Ministerio, señalan los populares, hay quince castros de la provincia que se verían afectados por esta decisión, que son los que a día de hoy están aún pendientes de que se realicen los trabajos.
“Por iso entendemos que, dado a importancia que ten para recuperar e poñer en valor o patrimonio, entendemos que a Deputación debe comprometerse e, de non reclamar ao Ministerio que cumpra ata o final coas actuacións das fases que ten pendentes no protocolo asinado en 2015, o Goberno provincial debe facerse cargo e aprobar un plan propio para asumir tamén estas obrigas”, exige el portavoz de la oposición.