El pleno ordinario de febrero se saldó con numerosos enfrentamientos dialécticos entre los partidos del gobierno provincial (PSOE-BNG) y el partido de la oposición (PP). El momento más tenso se produjo durante el debate de la moción presentada por el Partido Popular sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la Deputación de Pontevedra por la utilización de becarios como trabajadores.
Antes del debate sobre ese punto, la presidenta Carmela Silva hizo referencia a la presencia "obligada" de un cámara de la Televisión de Galicia para grabar ese único punto de la sesión. "Hoxe nos acompaña a TVG, que se financia con recursos públicos de todos os galegos", manifestó la máxima mandataria de la institución; que mostró su admiración y apoyo a los trabajadores recordando la campaña 'Defende a Galega' que llevan a cabo todos los viernes vistiendo ropa negra. Silva acusó al presidente de la Xunta de Galicia de mandar a este equipo a grabar la moción presentada por la oposición utilizando el medio público "para maior gloria do PP". Recordó que la TVG nunca acude a la Deputación a ruedas de prensa ni a plenos ni a grabar manifiestos de apoyo a las mujeres y reclamó un "medio público libre, sen manipulación". Concluyó afirmando que si no se emitía todo lo que se decía durante el debate "tomaremos as medidas que sexan oportunas".
De esta forma, el PP solicitó la comparecencia de la presidenta y del diputado delegado del área de personal para que ofrecieran explicaciones sobre la sentencia. Pero, tras la votación, solo se aprobó la intervención del diputado socialista Carlos López Font.
El portavoz socialista se remitió al Plan de Práctica Laboral alegando que era un proyecto ideado, creado y puesto en marcha por Rafael Louzán cuando era presidente. En los siguientes años, ya con el gobierno bipartito, indicó que había sido modificado aplicando un plan nuevo "basado en contratos de formación y seguridad jurídica", que había sido rechazado por el PP, a quien López Font acusó de "falta de coherencia".
Por su parte, César Mosquera, vicepresidente provincial y portavoz del BNG, alegó que el PP había elaborado un plan del que presumió mientras gobernaba y, tras una sentencia en contra, los populares culpan al actual gobierno. Relacionó esta actuación con guerras internas dentro de las filas populares.
Pepa Pardo, portavoz popular, rechazó estos argumentos explicando que el Plan había nacido bien pero que el gobierno bipartito lo pervirtió entre 2016 y 2018 con propuestas como los "mestres composteiros". "No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Asuman la verdadera responsabilidad", apuntó la representante de la oposición, que se dirigió a la presidenta preguntándole "¿no tiene usted ninguna responsabilidad que asumir? ¿No va a hacer alguna autocrítica?". La moción fue rechazada por 16 votos en contra del grupo de gobierno frente los 11 a favor de las filas populares.
CERDEDO-COTOBADE EN EL PLAN CONCELLOS
Otro punto de fuerte enfrentamiento llegaba con otra moción de los populares en las que el portavoz Jorge Cubela, también alcalde de Cerdedo-Cotobade, reclamaba para su municipio las mismas cantidades del Plan Concellos que había recibido en los últimos años como Concello fusionado, con cantidades por los dos concellos por separado.
Cubela acusó al gobierno de la Deputación afirmando que "nos trincan" 500.000 euros entre los años 2022 y 2023, una cifra que considera básica para el plan de empleo, inversiones, mejora de servicios y actividades. Apuntó que la normativa permite que, por lo menos, durante los primeros cinco años desde la fusión debería respetarse la cantidad fija en los planes de financiación que le corresponderían a los municipios por separado y que así debería seguir siendo en el futuro porque en ningún lugar figura que no pueda mantenerse.
En las respuestas, tanto Carlos López Font como César Mosquera defendieron el Plan Concellos como una fórmula en que se trata a todos los municipios "exactamente igual" y que solo se recogen las excepciones que establece la ley alegando a ese límite de cinco años. Tanto López Font como Mosquera acusaron a Jorge Cubela de dirigir un Concello "dopado" y "sobrefinanciado", recordando que si se aplicase ese dinero a Cerdedo-Cotobade tendría que retirarse de las partidas destinadas a otros municipios dentro del Plan Concellos.
El pleno también aprobó por unanimidad un expediente de modificación de créditos para incorporar al presupuesto 26 millones de euros de remanentes, a los que se suman los 25 millones del crédito solicitado para el Plan ReacPon. Con estas cantidades, la Deputación contará con 226,8 millones, además de las partidas que lleguen a través de fondos europeos. Carlos López Font indicó que este dinero se destinará a impulsar infraestructuras provinciales y a aumentar el apoyo a los Concellos.
También se aprobó por unanimidad la adhesión de la Deputación a la Spain Film Commission para promover el trabajo en red entre instituciones políticas, agentes relacionados con el sector turístico, con el audiovisual y el cultural.
La sesión de este viernes se inició con una declaración institucional de dolor por el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, a la que dio lectura Carmela Silva, para a continuación guardar un minuto de silencio. La presidenta también manifestó su solidaridad con Ucrania y, a continuación, la politóloga Priscila Retamozo intervenía con la lectura de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.
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— Deputación Pontevedra (@depo_es) February 25, 2022
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