La Cámara de Comercio cierra 2012 con un balance negativo de casi 360.000 euros
Por Redacción
El Pleno de la Cámara de Comercio aprobó anoche, por mayoría, las cuentas y la liquidación del presupuesto de 2012. Se trata del ejercicio económico que ha sido puesto en duda tanto por las denuncias judiciales de los extrabajadores como por Alternativa Galega de Esquerdas que presentó en el Parlamento una serie de iniciativas para exigir a la Xunta de Galicia un mayor control sobre sus actividades económicas.
Las cuentas, que venían acompañadas por un informe de auditoría, según reconoce la Cámara de Comercio en un comunicado, reflejan un balance negativo de casi 360.000 euros. La liquidación de presupuesto recoge unos ingresos totales realizados en 2012 de 633.827,97 euros, lo que supone una reducción con respeto al año anterior de un 64,40% y unos gastos ejecutados de 991.743,00 euros lo que supone una reducción del 28,60% con respeto al 2011.
Este desfase es achacado por los responsables de la institución, principalmente, a que en el año pasado tan sólo han pagado el recurso cameral permanente, una especie de canon que hasta hace poco pagaban todas las empresas, las compañías cuya cifra de negocio superaba los 10 millones de euros, lo que ha supuesto una importante rebaja de este ingreso. Los recursos no permanentes en el ejercicio 2012 suponen el 67,76% del total y los permanentes el 32,24%.
Además, el anteproyecto de Ley de Cámaras que prepara el Gobierno fue otro de los asuntos tratados en esta sesión plenaria de carácter ordinario. El pleno de la Cámara entiende que el pasado día 10, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, que si bien reafirma su carácter público y le asigna 21 funciones públicas no determina de forma clara su sistema de financiación.
Llama la atención, según el Pleno de la entidad, que una corporación de derecho público con funciones determinadas por Ley no tenga prevista una financiación "que garantice al menos el cumplimiento de las mismas".
El anteproyecto fija un sistema de ingresos basado en los servicios que presten a las empresas y en las aportaciones voluntarias de estas, lo que a priori "no parece suficiente para cumplir las obligaciones que por otro lado marca la normativa general". Entre las funciones destaca el apoyo a la internacionalización de las PYMES de forma más activa, la formación profesional dual, la competitividad de las empresas y la mediación y el arbitraje.