Estiman que habrá unos 75 beneficiarios de la renta social que ha aprobado Pontevedra
Por Alejandro Espiño
La corporación municipal ha aprobado por unanimidad la ordenanza que regulará la renta social que Pontevedra abonará a personas o unidades familiares en riesgo de exclusión. Entrará en vigor dentro de un mes, tras el trámite de exposición pública, y según las estimaciones de los técnicos del Concello habrá unos 75 beneficiarios.
Esta renta social, uno de los compromisos introducidos por Marea en las negociaciones de los dos últimos presupuestos municipales, cuenta con una partida asignada de 425.000 euros.
La normativa establece que los beneficiarios cobrarán un mínimo de 403,38 euros, el 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), una cantidad que irá en aumento en función del número de miembros de la unidad familiar hasta un tope de 537,84 euros.
Los beneficiarios serán, según recoge el texto normativo, personas cuyos recursos económicos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. Esta ayuda se podrá cobrar durante seis meses, prorrogables a un máximo de un año.
La renta social municipal será incompatible con la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) que, en el caso de Pontevedra, cobran 330 unidades familiares. Otros 22 expedientes están pendientes de tramitación. Pontevedra es, según datos de la Xunta de Galicia, la gran ciudad gallega que tramita las peticiones de esta renta en menor tiempo.
La edil de Benestar Social, Anxos Riveiro, ha reconocido que la tramitación de esta renta ha sido "complexa" al tener que los técnicos que "compatibilizar" estos trabajos con expedientes "igual de importantes" para los servicios sociales municipales.
Marea Pontevedra, a través de su concejala Mari Carmen Moreira, ha lamentado que la renta haya tardado "un ano e dez meses" en tramitarse, lo que provocará que los beneficiarios no puedan recibirla, en el más optimista de los plazos, hasta marzo de 2019.
Este retraso también ha sido criticado por PSdeG-PSOE y PP, aunque con matices. Los socialistas añadieron que el Concello debe asumir estas competencias por la "ineptitude" de la Xunta de Galicia, mientras que los populares, que aseguran estar de acuerdo "con el fondo" de esta iniciativa, han acusado al gobierno municipal de "tomar o pelo" a todos.
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