Solicitan que se investigue si un amigo del ex batería de Los Piratas cometió falso testimonio en el juicio
Por Natalia Puga
El juicio por la muerte del ex batería del grupo Los Piratas, Javier Fernández, de un disparo en agosto de 2015 puede tener consecuencias para uno de sus amigos. El abogado del Estado y el letrado defensor de Rubén Ll.A, guardia civil acusado del homcidio imprudente del músico, han anunciado que solicitan al juez que se deduzca testimonio para determinar si el hombre mintió en el juicio y su proceder puede ser constitutivo de un delito de falso testimonio.
Una vez terminado el juicio, ambos abogados señalaron que cuestionan el testimonio de Pablo García, amigo del fallecido y su esposa, que el día de su muerte fue a la casa y declaró durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra que había presenciado todos los hechos.
El testimonio de este amigo resultó polémico, pues la mayor parte de los testigos le situaron en la casa ese día, pero tan sólo en el exterior y tan sólo más cerca del punto exacto del disparo una vez que este ya se había producido y son pocos los que apuntan a que podía estar en el porche de la vivienda en los momentos previos al fatídico tiro y, en todo caso, sin mucha contundencia.
Este hombre declaró que presenció cómo aquel día, después de que su esposa pidiese ayuda porque tenía un brote psiquiátrico, Javier Fernández ya se había tranquilizado y, cuando llegaron dos guardias civiles y tres sanitarios a su casa estaba relajado. Sin embargo, con su presencia y sus preguntas, se fue poniendo cada vez más agresivo. También aseguró que el guardia acusado desenfundó el arma y él le llamó la atención, le sujetó el brazo y le dijo que lo que necesitaba el músico era su medicación. Tras eso, disparó.
Ni los dos guardias civiles ni los tres sanitarios le vieron allí en aquel momento, aunque sí en el entorno de la casa y más tarde. Su testimonio fue objeto de crítica por parte del fiscal del caso, Ignacio Saiz, que señaló que parece que tenía interés en favorecer a las acusaciones ejercidas contra el guardia civil, pero si alguien se mostró crítico fueron el abogado del Estado y el letrado del acusado, Luciano Prado.
El abogado del Estado anunció ya en la sala de vistas que pedía al juez del caso, Miguel Aramburu, que dedujese testimonio de la declaración de este hombre y, tras la vista, su abogado defensor anunció que también ejercitarían una acción penal en este sentido.
"Coidamos que esta persoa nin sequera estaba presente no momento no que sucederon os feitos", explicó el abogado defensor a los medios. Prado señala que desconoce qué pudo llevar a este hombre a realizar esas declaraciones, pero "entendemos que non é verdade o que está contando" y se está juzgando un hecho lo suficientemente importante como para permitir esta actuación.
El fiscal no acusa al guardia civil, pero sí las tres acusaciones particulares que ejerce la familia del fallecido, que le acusan de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y piden que sea condenado a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. El fiscal y las defensas piden su absolución o, en caso de que el juez vea delito, que se le aplique la circunstancia eximente de legítima defensa de terceros, pues actuó porque "la vida de su compañero corría serio peligro".
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