El fiscal mantiene que la conducta del guardia que disparó al ex batería de Los Piratas "está justificada"
Por Natalia Puga
Los dos días de juicio contra Rubén Ll.A, el guardia civil acusado del homcidio imprudente del ex batería del grupo Los Piratas, Javier Fernández, han servido al fiscal del caso, Ignacio Saiz, para reafirmarse en las consideraciones previas que ya había hecho la Fiscalía sobre la actuación del agente y refrendarse en que "el hecho no es delito" y, por lo tanto, no debía haberse sentado en el banquillo y ahora no debe ser condenado.
El fiscal ha introducido una pequeña modificación en su escrito y mantiene que el guardia debe ser absuelto, pero, en caso de que el juez Miguel Aramburu considere que sí cometió un delito, que le condene por un delito de homicidio por imprudencia menos grave profesional y le aplique la circunstancia eximente de legítima defensa de terceros, porque entiende que le disparó porque corría la vida de su compañero de patrulla.
Los tres abogados de la acusación particular que representan a la viúda, el hijo, los padres y los hermanos del fallecido, también elevaron a definitivas sus consideraciones previas y mantienen que el guardia es responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional por el que debe ser condenado a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. También piden que el Ministerio del Interior abone diversas indemnizaciones, entre ellas, 90.000 euros a su viuda y 112.500 a su hijo huérfano de padre.
El guardia civil sostuvo ante el juez que el 26 de agosto de 2015 acudió a la casa del fallecido alertado por un presunto caso de violencia de género y, al llegar, lo encontró muy agresivo y agredió varias veces al otro agente que iba con él hasta que, en un momento dado, percibió que la vida de su compañero corría peligro y le disparó para inmovilizarlo. El disparo iba a la pierna, pero le alcanzó el abdomen y le mató.
En base a ese testimonio y al resto de pruebas que se expusieron en el juicio, el fiscal no tiene ninguna duda de que "no pretendía acabar con su vida", sino que "lo que trataron de hacer los agentes era intentar tranquilizarlo" y, cuando le disparó, actuó "amparado por el ejercicio de un deber", proteger a su compañero.
La acusación cuestiona que el agente tuvo una actuación desproporcionada al responder con una pistola a un ataque en el que Javier Fernández se enfrentaba al otro agente con un cuchillo y un tenedor, pero el fiscal mantiene que su actuación "fue proporcional" y "no tenía otro medio parar parar la agresión" que utilizar su arma reglamentaria.
"La conducta del agente está justificada y no requiere reproche penal", añade el fiscal, que se pregunta qué habría pasado si ese día los agentes dejan al fallecido sin atención, su ahora viuda regresa a casa y él la agrede o la mata. Hace esa afirmación porque el aviso inicial que recibieron los guardias civiles fue por un presunto delito de maltrato hacia la esposa, si bien esa agresión de violencia de género finalmente resultó no ser ajustada a la realidad.
La acusación particular sí ve delito en la actuación del guardia. Coinciden en que no tenía intención de matar a Javier Fernández, pero reprochan su imprudencia. "El titular sería: pistola contra tenedor", mantiene el abogado de la viuda, Gerardo Gayoso, que sostiene que, en su modo de proceder, "se cumplen todos los requisitos" de una conducta imprudente.
Gayoso cuestiona incluso que los guardias civiles y los sanitarios con los que iban entrasen en la casa de Javier Fernández, pues considera que, cuando llegaron y supieron que no había agredido a su mujer, sino que estaba sufriendo un brote psicótico porque tenía trastorno bipolar y estaba dejando la medicación, tenían que haberse ido, pues nada justificaba entrar en un domicilio particular.
El abogado llama la atención sobre el hecho de que Javier Fernández "tenía mucha vida por delante" y destaca que "fue disco de oro en la época de esplendor de la música en este país y se le ha segado la vida de un tiro".
Antes de las conclusiones finales, pasaron por la sala tres de los cuatro sanitarios que ese día acudieron con la Guardia Civil a la vivienda de Ponteareas donde ocurrieron los hechos. Uno de ellos aseguró haber presenciado la agresión previa del fallecido al otro guardia civil y todos mantienen que el músico estaba "muy alterado" y les amenazó de muerte a todos y que, previamente, su esposa les había relatado que "no sabía cómo iba a poder volver a vivir con él" por lo agresivo que lo había visto. Todos aseguran que actuaron según el protocolo para intentar tranquilizarlo.
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