Juzgan al presidente de la cooperativa San Miguel de Marín por un fraude del IVA en las ventas de pescado
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El presidente de la cooperativa San Miguel de Marín, José Luis Santiago Pereira, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra para rendir cuentas por tres delitos contra la Hacienda Pública que habría cometido presuntamente defraudando el impuesto del IVA de las liquidaciones de su actividad de venta de pescado de los años 2008, 2009 y 2010. Él ha defendido su inocencia y se ha desvinculado de cualquier responsabilidad derivada de la contabilidad de la cooperativa.
El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, mantiene que la cooperativa mantenía una doble contabilidad que aparecía reflejada en un archivador con facturas y liquidaciones que la Agencia Tributaria localizó durante un registro en su sede y en la que se detecta que entre los años 2008 y 2010 dejaron de pagar a Hacienda 1.052.850,3 euros del impuesto del IVA derivado de sus operaciones de compra-venta del pescado de los armadores asociados.
Frente a esta acusación, que una perito de Hacienda ratificó durante el juicio este martes, el acusado justificó las cuentas como legales y señaló que en relación con la contabilidad su responsabilidad era "prácticamente ninguna". Según explicó, no siempre coinciden las cifras de pescado capturado por los barcos con la cantidad que se comercializa porque hay mercancía que los armadores utilizan para autoconsumo, que ceden a sus empleados, que deciden no subastar o que transforman en harina, además de otro que se envía a otras lonjas.
En el proceso de descarga del pescado a su llegada al puerto "hay cantidad de incidencias" y el proceso de subasta "es complicado". Basándose en esas indicaciones y en que la cooperativa se limita a facturar las actividades de los armadores, sin tomar decisiones, justificó que aparezca un desfase en la facturación. Según explicó, todo el proceso que se sigue a la hora de registrar las actividades de compra y venta de pescado se ha detallado "por activa y por pasiva" a la Agencia Tributaria.
El fiscal pide que el acusado sea condenado a seis años de prisión -dos por cada delito- y el pago de una multa de 1,8 millones de euros -600.000 euros por cada uno- y que pierda la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por cuatro años. Además, pide que la cooperativa sea condenada por un delito contra la hacienda pública por las liquidaciones de 2010 y se le impongan las penas de un millón de euros multa, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de dos años.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado indemnice a la Hacienda Pública -personado en la causa a través del Abogado del Estado- con 681.230, 72 euros por las cuotas de IVA de los años 2009 y 2010 y que el procesado y la cooperativa abonen una indemnización de 372.619,67 euros por la cuota del ejercicio 2010, cantidades a las que habría que sumar los intereses desde la fecha en la que se cometieron los delitos.