Tres años de prisión para el presidente de la cooperativa San Miguel por el fraude del IVA en las ventas de pescado
Por Redacción
El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha impuesto una condena de tres años de cárcel para el presidente de la cooperativa San Miguel de Marín, José Luis Santiago Pereira, por los delitos contra la Hacienda Pública que habría cometido presuntamente defraudando el impuesto del IVA de las liquidaciones de su actividad de venta de pescado de los años 2008, 2009 y 2010.
Según publica el periódico Faro de Vigo en su edición de Pontevedra de este sábado, el juzgado le impone fuertes multas a José Santiago y a la propia cooperativa como entidad y le condena a devolver a la Hacienda Pública -personada en la causa a través del Abogado del Estado- el millón de euros que le acusan de haber defraudado en ventas de pescado en B. Además, la entidad no podrá recibir subvenciones durante un periódo de 2 años.
El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, le llevó ante el tribunal con la acusación de que la cooperativa mantenía una doble contabilidad que aparecía reflejada en un archivador con facturas y liquidaciones que la Agencia Tributaria localizó durante un registro en su sede y en la que se detecta que entre los años 2008 y 2010 dejaron de pagar a Hacienda 1.052.850,3 euros del impuesto del IVA derivado de sus operaciones de compra-venta del pescado de los armadores asociados.
Frente a esta acusación, que una perito de Hacienda ratificó durante el juicio, el acusado justificó las cuentas como legales y señaló que en relación con la contabilidad su responsabilidad era "prácticamente ninguna".
El fiscal pedía inicialmente que el acusado fuese condenado a seis años de prisión -dos por cada delito- y el pago de una multa de 1,8 millones de euros -600.000 euros por cada uno- y que perdiese la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por cuatro años. Además, pedía que la cooperativa fuese condenada por un delito contra la hacienda pública por las liquidaciones de 2010 y se le impusiesen las penas de un millón de euros multa, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de dos años. La pena final fue inferior.