![Tribuna Viva](/web/cache/scene/uploads/xornalistas/foto/_S7QytKoutjK3UsovKMnMzytWsi62MjSxUqrKz891Lsov0DE1AC_/_Il61oA_/507fb1371c940-ferreriatratada00.jpg)
Tribuna Viva
Irregularidades en el Proceso de Admisión Escolar en Pontevedra
Me permito dirigirme a este medio con la esperanza de captar su interés en un asunto que afecta directamente a mi familia y a otras en la comunidad educativa de Pontevedra, y posiblemente Galicia, y que considero de gran relevancia pública debido a las posibles implicaciones legales y sociales que conlleva.
El caso en cuestión se refiere a las irregularidades cometidas en el procedimiento de admisión de mis hijas en el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra, centro concertado sostenido con fondos públicos.
Solicitamos admisión en el plazo ordinario para nuestras tres hijas: Daniela, Elsa y Nora. Daniela pasa a la ESO y en el centro en el que están actualmente las tres no podía continuar pues no se ofrece esa etapa educativa. El colegio Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra es el único que nos permitiría mantener a nuestras hijas (Daniela, Elsa, Nora y, en el próximo curso, nuestra cuarta hija Lucía) en un mismo centro a lo largo de las distintas etapas, de infantil a bachillerato, y es cercano a nuestro domicilio. Sólo se asignó plaza a Daniela (1º ESO), mientras que Elsa (4º EP) y Nora (1º EP) quedaron inicialmente fuera. A pesar de que existían vacantes suficientes según la normativa reguladora del procedimiento para todas las solicitudes realizadas en sus cursos, no se admitió a ningún alumno en los listados. Nora fue finalmente aceptada este verano por la aparición de una vacante por el traslado de un alumno, pero Elsa sigue fuera.
La controversia radica en que, siguiendo instrucciones de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Educación, se aplicó un criterio de admisión basado en un acuerdo firmado entre la Consellería y algunos sindicatos a comienzos de año. Este impone, en la práctica, una ratio máxima de 20 alumnos por aula en educación primaria, en lugar de los 25 establecidos por la normativa actual. Entre 20 y 25 alumnos la Administración no permite nuevas admisiones que impliquen incremento en el número de alumnos con respecto a los del curso anterior. Esta contraviene el Decreto 13/2022 y la Orden de 21 de octubre de 2022, que regulan el proceso de admisión, establecen el cálculo de vacantes conforme a una ratio máxima de 25 y tienen carácter de norma—no así el acuerdo firmado con los sindicatos.
Este procedimiento irregular no sólo vulnera el derecho de mi familia a elegir libremente el centro educativo de nuestras hijas, sino que también genera inseguridad jurídica, afecta gravemente nuestra capacidad de conciliación familiar al impedir que nuestras hijas asistan a un mismo centro educativo con los mismos horarios —circunstancia agravada por nuestra condición de familia numerosa—y generará diferencias en su educación.
A lo largo de este proceso, hemos seguido los cauces administrativos pertinentes, presentando las reclamaciones necesarias ante la Administración y quejas ante la Valedora del Pueblo, sin obtener una respuesta favorable. La Administración alega que la agrupación de hermanos no es obligatoria y la decisión de mantener el número de alumnos en esos cursos entra dentro de la discrecionalidad de su actuación. Discrepo de esta actuación, pues entiendo que la Administración, aunque no esté obligada a agrupar hermanos, bien podría decidir dentro de su discrecionalidad sobre admisión de mi hija Elsa considerando nuestra situación y que no se superarían en ningún caso las ratios máximas establecidas para su curso.
Además, tengo conocimiento de que no somos la única familia afectada por estas decisiones arbitrarias, lo que sugiere un problema más amplio en la gestión de la admisión escolar.
Le agradecería enormemente que pudiera considerar la posibilidad de cubrir este caso en su medio, ya que creemos que la difusión de esta situación podría contribuir a corregir las actuaciones irregulares de la Administración antes del inicio del próximo curso escolar. Su intervención podría ser decisiva para visibilizar esta problemática y obtener una solución justa para todas las familias afectadas.