Rafael FJ Rios
Libro de los Jueces
El principio fue eliminar la composición y método de elección (bastante) independiente del CGPJ, de tal manera que con mayoría absoluta consiguieron decirnos a todos que Montesquieu estaba muerto, que a partir de 1985 las más altas instituciones del gobierno de los jueces quedaban controladas por el Ejecutivo. A lo largo de los años y delante de nuestras narices fueron interviniendo cada vez más en sus asuntos hasta desembocar en lo que es hoy: tribunales intervenidos, jueces colocados a dedo, políticos ejerciendo en altas judicaturas, jueces pasando a la política y luego de vuelta a la carrera judicial sin más preámbulos… la Política construyó el principio de este fin: por un lado ha sido capaz de controlar a manos llenas instituciones del Legislativo disolviendo la independencia de las instituciones de balance, y por otro -lo que tiene máxima trascendencia-, la Política sobre el Poder Judicial ya sin respeto sobre su independencia para obtener beneficios democráticos o ventajas asombrosamente antidemocráticas que rebajan inexorablemente la calidad de la democracia. Asunto este de la calidad democrática que no concierne ya al PSOE que se ha ido transformando en la Izquierda de Puebla acarreando maletas. No digamos el respeto institucional por la sociedad democrática -es decir, por los derechos y libertades individuales de los ciudadanos- que tienen los montívagos a su izquierda. Tener poder sobre cualquier otra consideración, obtenerlo y ejercerlo sin miramientos constitucionales, contra la Constitución, que o pobo se vaya quedando pasmado ante la astucia extraordinaria con la que se desenvuelven estos esforzados integrantes do partido do traballo: un plantel.
Son los políticos -es decir, el Gobierno- el que quiere y tiene la capacidad de obtener mayorías en las instituciones de gobierno de los Jueces. Situación absolutamente contraproducente para los intereses de los ciudadanos y extraordinariamente beneficiosa para los Gobiernos: pueden llegar a orientar las demandas judiciales a determinados juzgados que tratarán los temas con la benevolencia de partido. Pero liquidar a Montesquieu no tiene alternativa: o hay independencia judicial y estamos en una democracia, o no hay independencia judicial y, por tanto, la democracia tiene el poder más esencial de todos dependiendo del hilo del Poder Político y sus intereses partidistas. A los hechos nos remitimos: todos los infumables aprendices de dictadores inician sus destrozos en el poder judicial, la columna vertebral que ampara a todos y con el que construyen el camino más corto a sus desmanes.
Dominar la judicatura nos ha llevado a la Ley de Amnistía: los ciudadanos dejamos de ser iguales ante la Ley. El poder político atendiendo a sus únicos intereses partidistas asalta las Leyes que le dé la gana cuando le dé la gana para favorecer a los pocos que le dé la gana: es decir y finalmente, al Gobierno mismo. Para esto sirve tener controlado el Poder Judicial. Asquerosa intervención política contra la democracia que queda de inmediato entre paréntesis, paralizada, postrada ante tamaña acción delicuencial cuyos destinatarios principales somos todos nosotros, pues es a nosotros contra quien va dirigida, dirigida contra la igualdad y derechos de todos los españoles ante la Ley: se ensucia el Poder Ejecutivo con barro político totalitario tercermundista para que siga cortando la cinta inaugural como presidente de un gobierno de la Europa democrática del siglo XXI. Comete tal acción para salvarse, mantener el poder. Valida así cualquier cosa porque conoce el nivel ético de la sociedad y de sus votantes, que se lo chiva el polifemo Tezanos.
¿Quiénes se sientan en los más altos organismos constitucionales de la Nación? Quien decida el Poder Político. Politizadas las más altas instituciones, ¿cuántas conservan su absoluta independencia y están verdaderamente al servicio del ciudadano? El Poder Político interviene en la carrera judicial facilitando el ascenso de aquellos más dóciles ante el poder y capaces de retorcer el Derecho para encajar los deseos del Poder Político en el ordenamiento jurídico: los organismos que tienen que velar por el recto funcionamiento jurídico tomados por el Gobierno de tal manera que los ciudadanos libres e iguales ante la Ley ya no lo somos, hay unos más iguales que otros, no les afectan por igual a causa de la salvaguarda política, privilegio del que gozan por discriminación política. Sucedió ayer, sucedió hoy y sucederá mañana mientras el sistema judicial no tenga independencia: la sociedad democrática baja múltiples peldaños, queda la democracia socavada en su esencia más trascendental y a partir de ahí la situación queda santificada por estos espíritus puros comprados al peso que no se han aprendido ni un solo artículo de la Constitución.
El Poder Judicial tratado por la Política como un apartado más del sistema de partidos, quedando adscrito a los vaivenes del Parlamento como intromisión intolerable del poder político sobre el poder judicial. La ciudadanía en lugar de encontrarse con un juez imparcial con los ojos vendados aplicando de forma estricta la Ley, se puede encontrar con un juez puesto por el poder político, avisado, advirtiendo de antemano si el juzgado es un adversario político o no… atento siempre no a cumplir su deber, sino a cumplir con los que tutelan su labor y que van premiando su carrera y nombramientos en función del cuidado que mantenga tanto con los encausados como con las sentencias que dicte. Cuidadito.
De aquellos lodos esta cochambre. El polvo del camino embadurnó la carrera judicial de tal manera que un militante político puede ser nombrado miembro o presidente de alguno de los órganos de los jueces con plena dedicación. O un juez puede irse a la política y un minuto después puede volver a la carrera judicial, asuntos que sobrevuelan como una avioneta con pancarta: decadente Justicia, decadente Democracia. La imbricación de la Política con la judicatura es amplia, extensa, con pagos de favores mutuos que la hacen, sobre todo, provechosa. El poder político discrimina en la carrera judicial porque ampara y nombra a los suyos, los favorece, los nombra para cargos dentro del Poder Judicial… para que sirvan en el momento oportuno. Demócratas del mundo, uníos, a ver cuántos somos.
Si un asunto concerniente al Partido deviene con toda certeza en judicial, tiene planificado la siguiente orden de combate: uno, negación de cualquier implicación por parte de los dirigentes responsables; dos, ataque y escarnio a la Derecha por asuntos varios relativos a la limpieza de sus actos; tres, en ninguno de los frentes en los que se apoya la Izquierda y la Extrema Izquierda, la Ultraizquierda y los exasesinos se hace mención alguna del asunto: sindicatos y medios públicos no dicen absolutamente nada; cuatro, si el asunto avanza y comienza a expandirse con algunas noticias, puede que se produzca una reunión primera y principal, clandestina -en cuanto se desconoce quién, cuándo, cómo y dónde- entre algún miembro de la Ejecutiva y componentes del colectivo Periodistas a las Órdenes: de ahí surge una estrategia que tiene dos caminos, el parlamento y los medios de comunicación, búsqueda de un enemigo a quien atacar. A partir de este momento -y punto cinco- se informa sobre el asunto, tangencialmente, descargando imputaciones del lado bueno de la Historia y cargando con todo sobre la Derecha y Extrema Derecha: corrupta, sibilina, actitud de serpiente que utiliza a los jueces como arietes políticos, que tergiversa y manipula… Cuando queda claro que la imputación y salida al exterior es imparable, el punto sexto se construye con todo lo anterior y se le añaden cañones: desprestigio, caza y captura del juez que ha osado aplicar la Ley. Maestros cazando jueces. Solamente un ejemplo, no nos metemos hoy en los ERE cuya instrucción tuvo que abandonar la juez Alaya. Hay más. Un trabajo en la Facultad de Periodismo de Zaragoza: se titula Análisis del tratamiento mediático del juez del Caso Filesa (1992-1995), un caso más de los muchos de corrupción a gran escala del PSOE, y un caso más de persecución a la Justicia. El autor se explaya en el estudio en detalle del proceso de cacería del PSOE+PAÍS+SER contra el juez y catedrático don Marino Barbero, que comenzó las diligencias y tras casi 3 años de ser entorpecido, vilipendiado, atacado a discreción un día y otro desde la tribuna y desde las redacciones, no pudo aguantar más y decide abandonar -no el caso que dirimía-, sino la propia carrera judicial.