La crónica judicial del año siempre incluye procesos por tráfico de drogas, desde las habituales vistas por pequeños delitos de trapicheo a las grandes causas por narcotráfico que este año han tenido dos grandes protagonistas en el mar: el narcosubmarino y el buque Titán.
Ambos transportaban cocaína a Europa, a bordo del Titán iban 1.700 kilos en una operación que llevó a 20 personas al banquillo de la Audiencia mientras que fueron siete los imputados en la arriesgada travesía submarina para llevar 3.200 kilos a las costas gallegas.
Por otra parte, la declaración como inconstitucional de los estados de alarma que sirvieron de encaje a las medidas excepcionales para el control de la pandemia dejó en el aire miles de expedientes abiertos a ciudadanos por incumplimientos de las normativas sanitarias, como el uso de la mascarilla en la vía pública o los cierres perimetrales para limitar la movilidad de la población.
Así, los juzgados de A Parda empezaron a anular multas obligando a la Subdelegación del Gobierno a reintegrar las cantidades abonadas por quienes habían sido sancionados durante los primeros meses de la pandemia.
La Audiencia de Pontevedra condenó en junio a dos años y tres meses de cárcel y al pago de una multa de 340.000 euros al considerado como el rey de las orquestas gallegas, Ángel Martínez Pérez, Lito, por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando la compañía que presidía tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones.
Curiosamente, un mes más tarde, las empresas del espectáculo vinculadas a este empresario conseguían una importante victoria en el Tribunal Supremo al anular las liquidaciones y sanciones fiscales impuestas tras declarar la justicia ilegal el registro de la Agencia Tributaria que desencadenó en 2013 la denuncia de fraude en el sector de las orquestas.
Ya en noviembre fue suspendido el juicio contra el 'rey de las orquestas' de Galicia por su estado de salud. El procesado, juzgado por defraudación tributaria, presentó un informe forense que señalaba que "no está en condiciones" de asistir a la vista.
Otro empresario y también de Caldas de Reis, Juan José Caamaño Iglesias, fue condenado en una sentencia del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 1 de Caldas de Reis por un delito leve de lesiones, al agredir al portavoz municipal del BNG, Manuel Fariña Souto.
Antes, ya habían sido condenados, entre otros, Rafael Louzán y Luisa Piñeiro, por prevaricación y fraude con las obras del campo de fútbol de Moraña.
Una gran empresa, como es Audasa, fue absuelta de abuso por cobrar peajes durante las obras de Rande. La Audiencia Provincial anuló la sentencia del Mercantil que condenaba a la concesionaria y rechazó la petición fiscal, al entender que las concesionarias de autopistas no tienen que rebajar el precio de sus peajes si no pueden garantizar una fluidez en el tráfico propia de las vías de alta capacidad.
Otro tribunal, el Supremo, aumentó la condena de la 'narcoabogada' Tania Varela por blanquear dinero del tráfico de cocaína ratificando así el veredicto de la Audiencia de Pontevedra e imponiendo a Varela nueve años de cárcel y 378.000 euros en multas.
Fue muy comentada la causa contra una vecina de Pontevedra, Rocío P. F., que estaba acusada de estafar y robar hasta dejar en una situación económica "muy delicada y precaria" a una mujer dependiente a la que cuidaba. Finalmente, reconoció los hechos en la Sección Segunda de la Audiencia y aceptó una condena de tres años y nueve meses de prisión, así como pagar a su víctima una indemnización de 26.956 euros.
Ante el tribunal también se presentó Juan Paulo Giménez, miembro del clan de Los Morones, que fue condenado a seis años y medio de cárcel por entrar a tiros en una fiesta organizada por su familia rival, Los Zamoranos; o un médico del centro de salud de A Parda, condenado a cárcel e inhabilitación por cobrar por certificados de defunción gratuitos.
Fueron innumerables los juicios que acogió la Audiencia de Pontevedra por abusos sexuales, violación o violencia machista, como el que acabó condenando a seis años de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su esposa acuchillándola mientras dormía.
Y otro de los procesos que más revuelo creó fue el juicio contra el cura de Vigo que acabó con una condena de 32 años de cárcel por abusar sexualmente de seis menores que estaban a su cargo; o el de una mujer que pasará diez años en prisión por quemar la casa de sus padres con ellos dentro.