El Centro de Información a la Mujer (CIM) de Ponte Caldelas sigue generando enfrentamientos políticos entre el gobierno local y el Partido Popular. El alcalde Andrés Díaz señala que las dos profesionales, una psicóloga y una abogada, tenían un contrato de servicios que fue, según expone, objeto de numerosas prórrogas irregulares, a pesar de los informes técnicos emitidos en contra, prolongando la situación a lo largo de 10 años.
El 31 de diciembre de 2016 se extinguía la relación empresarial de las dos trabajadores con el Concello de Ponte Caldelas. Y según señala Andrés Díaz, el actual equipo de gobierno se encontró con una denuncia laboral presentada por las dos trabajadoras, que reclaman su conversión en personal laboral fijo municipal en base a los derechos adquiridos.
El Concello de Ponte Caldelas decidió evitar esta situación que consideran un "fraude de ley" por parte de los anteriores responsables municipales evitando prorrogar el contrato de servicios. Y señalan que el CIM debe ser un órgano sostenible y por eso no debe funcionar con personal municipal que conlleve una carga salarial.
El alcalde apunta que no está dispuesto a incrementar el cuadro de personal con dos incorporaciones equivalentes a funcionarios del grupo A1 y señala que la entrada a ocupar puestos de trabajo en el Concello se centra en convocatorias públicas por oposición libre, como se realiza con la plaza de auxiliar administrativo vacante en el cuadro de personal.
Desde el gobierno tripartirto de Ponte Caldelas se garantiza que la atención a las mujeres y a las víctimas de violencia de género seguirá estando garantizada porque el día 2 de enero se incorpora una nueva abogada especializada en violencia de género, que prestará atención a las mujeres del municipio. Señala que se volverá a solicitar la subvención para el CIM en 2018 una vez que se reestructure el servicio.