El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra ha declarado nulo el despido realizado por el Concello de Ponte Caldelas de dos trabajadoras encargadas del Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer (CIM) del municipio. La sentencia obliga a pagar los salarios que dejaron de percibir estas dos empleados y al pago de una indemnización por daños morales que asciende a 5.000 euros a cada una.
Ricardo Castro, portavoz del Partido Popular, tras esta sentencia reclama la dimisión de Andrés Díaz, el alcalde de Ponte Caldelas, como la persona directamente responsable de la decisión.
Además le reclama que pida disculpas a todas las mujeres del municipio que estuvieron privadas de los servicios de la abogada y de la psicóloga por su decisión que, recalcan, va a conllevar un gasto de 10.000 euros a las arcas municipales en indemnizaciones más cuatro meses de salarios.
Lamentan que Díaz intente culpar al anterior gobierno de las consecuencias jurídicas de este despido que, según indican, corresponde unicamente al tripartito actual.
Por su parte, el gobierno de Andrés Díaz ha manifestado que estudiará a fondo la sentencia para decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Incluso no descarta reclamar la responsabilidad patrimonial al anterior alcalde, Perfecto Rodríguez, y a los anteriores miembros de la junta del gobierno local.