Sindicatos de la Policía Local afirman que la Alameda exige "menos intervención policial" que Rafael Areses para acoger la feria
Por Anxo Lourido
La sección sindical de policías locales en el Concello de Pontevedra ha emitido un comunicado en el que quiere aclarar la postura de los sindicatos policiales en relación al informe que alega el gobierno local para rechazar la instalación de los vendedores del mercado ambulante en la Alameda de Pontevedra.
Según indican "respetamos las decisiones políticas que se tomen en cada momento" pero señalan que cuando "se utiliza el término policía local en su extensión" se refieren a un informe del Jefe de Policía en el que se mostraba "algún reparo al traslado del mercado ambulante a la Alameda" y desde los sindicatos aseguran que ese informe no puede hacer mención "a la totalidad de la plantilla. Quien lo hace es un único funcionario y no consta que fuera tratado en la junta de mandos o consultado con los agentes y mandos intermedios que montan los operativos. Por tanto, es un informe del Jefe de la Policía Local, no de la Policía Local", indican.
Manuel Pallares, delegado de SPPME, y Antonio Millares, delegado de CCOO, dos de los representantes sindicales que promueven el comunicado explican también que la localización del mercado ambulante en la avenida de Rafael Areses "estaba claramente infrautilizada ya que para poco más de 50 puestos que se montaban tenía una afectación en la zona importante".
Añaden que se tenía que cortar el tráfico todos los sábados con vallas y vaciarla de coches que se quedasen estacionados, con la denuncia y traslado con pago de tasas. A esa circunstancia, suman el acceso al aparcamiento superior del Recinto Feiral a través de la acera desde la avenida de Compostela con un "ancho insuficiente para un doble sentido de circulación y con cierto riesgo para los peatones".
También indican que las tareas de limpieza, debido a la extensión de la zona se prolongaban por la tarde. En cuanto a otras contraindicaciones de esa zona exponen la afectación al aparcamiento del Recinto Feiral, el más utilizado de Pontevedra, con problemas para visitantes y otros usuarios que no encontraban el acceso a ese espacio.
Por este motivo, explican que la celebración del mercado en la Alameda, desde el punto de vista operativo-policial, "simplifica nuestras funciones" porque la entrada es única y no precisa de cambios en la circulación de la zona al "limitarse perfectamente el área comercial y el control de los puestos y la venta ilegal es más sencillo".
Especifican que la vigilancia de la zona la realizan las patrullas que, a diario, se encuentran por el centro y no se ha detectado, según manifiestan, más problemas de tráfico, seguridad o estacionamiento abusivo o no autorizado desde que se desarrolla la feria en la Alameda. El estacionamiento de las calles cercanas permanece limitado a 15 minutos facilitando el intercambio de espacios para vehículos, sumado a la presencia de dos aparcamientos subterráneos de pago y otros dos disuasorios en las cercanías.
Indican también que la circulación por la calle Alameda es "más bien escasa" desde el cierre de Raíña Vitoria.
Por este motivo, concluyen su manifiesto expresando que "la celebración del mercado ambulante en la Alameda desde el punto de vista policial no ofrece más problemas que cuando se hacía en la avenida Ingeniero Areses, más bien se viene comprobando que exige menos intervención policial en los preparativos y en la afectación y usos de espacios públicos".
Señalan que es necesario mantener una "cierta disciplina" en la inspección de la venta ambulante para evitar puestos ilegales o un aumento de estos puestos por las capacidades de la zona. En este sentido recuerdan cuando se instalaban más de 500 puestos de venta. En todo caso, aseguran que en la actualidad el mercado ambulante "está debidamente dimensionado para la zona" en la que recuerdan se celebran otros eventos con "un número importante de personas, vehículos y otros elementos".
El gobierno local ha indicado que traslada el mercado ambulante, de nuevo, a Rafael Areses a partir del sábado 22 de julio y el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores reconoció que se establece un período de diálogo con todas las partes implicadas para buscar una localización de consenso que sea permanente.
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