La renovación del Poder Judicial, a debate en Pontevedra: con el bloqueo "perdemos todos y pierde el sistema constitucional"
Por Natalia Puga
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene mandatos de cinco años, pero el actual va para nueve. Lleva cuatro años con el mandato caducado y con su renovación bloqueada por falta de acuerdo en las negociaciones entre los partidos políticos, responsables de la designación de sus vocales en el Congreso y el Senado. Esta situación, se debatirá este viernes en Pontevedra en un foro de debate con representantes de las dos principales asociaciones de jueces: Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
En representación de JpD, con postura progresista, estará un magistrado pontevedrés, Miguel Aramburu, actualmente al frente del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra. Por parte de APM, de perfil conservador, José Luis Deaño, destinado en Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lugo y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El debate, organizado por la Comisión de Xustiza de la agrupación socialista de Pontevedra, será a partir de las 19.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes (calle de la Maestranza) bajo el título 'El Consejo General del Poder Judicial, a debate'. Lo presentará la secretaria general del PSOE pontevedrés y Subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, y el moderador será el secretario de Justicia, Pedro Hermida.
Horas antes de la mesa de debate, charlamos con los dos magistrados, que mantienen posturas enfrentadas en cuanto a la forma en la que debe producirse la renovación de los vocales del Consejo, pero coinciden en tildar de "lamentable" el bloqueo actual, que perjudica a los más de 5.000 jueces y magistrados que hay en España, pero al que ellos son "ajenos", pues el nombramiento no les corresponde a ellos.
Aramburu: "Si quienes tienen que cumplir las normas, no las cumplen, pues al final le hacen un serio daño a la democracia"
El magistrado Aramburu considera que el "problema inmediato" que trae esta situación es "la deslegitimación del sistema político. Si quienes tienen que cumplir las normas, no las cumplen, pues al final le hacen un serio daño a la democracia". En su opinión, "aquí perdemos todos. Y quien pierde aquí básicamente es el sistema constitucional, cuando no funciona o cuando no se quiere hacer funcionar por quien tiene la responsabilidad de que funcione".
En este sentido, insiste en que "dentro de la constitución caben muchas cosas, pero lo mínimo que hay que hacer es cumplir las reglas del juego, las que estén dadas y si no se está de acuerdo, hay que cambiarlas, pero mientras no se cambien, hay que cumplirlas".
Deaño, por su parte, recuerda que "la función es de los partidos políticos, que, por lo que sea, no están asumiendo sus obligaciones y llegando a un acuerdo razonable que permita terminar esta situación".
Miguel Aramburu señala que en la carrera judicial hay "una sensación de malestar porque no ves que haya un interés superior al propio de los partidos y que en este caso debería prevalecer; al final, es un instrumento más de la política", mientras que Deaño lamenta que "es una situación insostenible que incluso puede acabar perjudicando la imagen que los ciudadanos puedan tener de la justicia española".
"Evidentemente, los jueces y magistrados que siguen cumpliendo diariamente sus funciones son ajenos a la discusión que están teniendo los partidos políticos", insiste el magistrado conservador mientras que su homólogo progresista ahonda en que "no es culpa de los jueces2 y aporta que "da un poco la sensación de vergüenza ajena, ver desde fuera, lo que podemos ver el resto de ciudadanos, ¿por qué no se cumple la ley?".
Aunque ninguno está sorprendido "porque es más de lo mismo", en alusión a que es habitual que la renovación del CGPJ genere tensiones entre partidos políticos, sí destacan que nunca hasta ahora se había dado una situación similar de bloqueo tan prolongado. "Los porqués habrá que preguntárselos a quien estaba negociando, pero es que van cuatro años desde que acabó el mandato del consejo", señala Aramburu, que califica la situación de "callejón sin salida", mientras Deaño habla de un bloqueo ya "insostenible".
Deaño: "es un sistema agotado que no está funcionado y debe ser sustituido siguiendo los estándares que marca la Unión Europea"
La falta de renovación del Consejo no afecta directamente al día a día de trabajo de los jueces, pero sí se empieza a notar en órganos como el Tribunal Supremo, donde Aramburu recuerda que "tienen vacantes que se tienen que cubrir y no se cubren" y "eso sí que es un problema porque las salas del Supremo ya están algunas con bastante retraso, pues todavía estarán con más"; o las audiencias provinciales, e las que Deaño recuerda que no se puede proceder a la designación de nuevos presidentes y mantienen, por ejemplo, a la Audiencia Provincial de Lugo con un responsable en funciones.
Las posturas de los dos magistrados son totalmente opuestas en lo que tiene que ver con el procedimiento de elección del CGPJ. Miguel Aramburu manifiesta que "no creo que urja tanto la reforma, lo que hay que hacer es que el sistema funcione; hay una ley que regula cómo se tienen que elegir los vocales del Consejo y que no se están cumpliendo". Aunque "evidentemente este sistema es un fracaso porque llevamos cuatro años con un gobierno interino", en su opinión, no es necesario modificar la ley, "lo que hay que hacer es cumplirla".
Deaño sí apuesta por la modificación del sistema de designación de doce de los veinte vocales del CGPJ, los vocales elegidos entre los jueces. Ahora los elige el Parlamento, pero APM apuesta por que "en el futuro, y de la manera más próxima posible, se pudiera llevar a cabo también la reforma del sistema de elección de los vocales de origen judicial". Lo considera "un sistema agotado que no está funcionado y debe ser sustituido siguiendo los estándares que marca la Unión Europea de manera reiterada de que sean elegidos directamente por los jueces y magistrados".
Miguel Aramburu defenderá en el debate de este viernes que los partidos están ahora poniendo "excusas peregrinas" para no llegar a acuerdos, la última, la decisión del PP de levantarse de las negociaciones y condicionar la renovación a que el Gobierno ponga por escrito que no reformará el delito de sedición. "Es una excusa que es mezclar churras con merinas, una cosa es el Consejo y otra cosa es la capacidad del Gobierno o del Parlamento de modificar las leyes, que para eso están y para eso los hemos elegidos los ciudadanos", opina el juez pontevedrés.