La Mesa sobre la violencia de género constató el retroceso de las protecciones de las víctimas
Por Redacción
La Mesa sobre la violencia de género del Concello de Pontevedra reunida este miércoles constató el retroceso de las protecciones de las víctimas de género.
Presidida por la concejala de Bienestar Social, Carmen Fouces, a la reunión de la Mesa asistieron representantes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Local, representantes de los Servicios Sociales del Concello, del Centro de Información a la Mujer (CIM), de la administración educativa y también de la Consellería de Bienestar. Excusó su presencia el Colegio de Abogados.
En la reunión se presentó la programación del CIM, el programa Irene que continuará desarrollándose durante el año 2014, y la campaña entorno al 25 de noviembre.
Según trasladó la concejalía, en el segundo punto se habló del retroceso en las administraciones públicas, y también en la sociedad, respecto al tratamiento de las víctimas de violencia de género.
Informa el Concello en un comunicado que en la Mesa "denunciouse que a Consellería de Educación está esixindo ás vítimas documentacións que até o de agora non eran necesarias para que poida escolarizar aos seus fillos no lugar de residencia que decida, moitas veces escapando do agresor. Tamén que o INEM está a pór moitas trabas para o cobro da Renta Activa de Inserción que ata o de agora sempre foi automática para as vítimas acreditadas; na Xustiza estase chegando a acordos prexudiciais que deixan ás mulleres en franca desventaxa, porque conseguen a orde de aloxamento pero non entran na tipificación de vítima de violencia".
En estos acuerdos se pacta como una denuncia por faltas, lo que supone que todas las prioridades que se fijan para las víctimas como la prestación social o de cualquier otra, dejan de estar a su alcance. También quedó constatado que cuando no se llegan a los acuerdos prejudiciales las sentencias son ejemplarizantes, castigando a la mujer.
Los integrantes de la Mesa se comprometieron a promover reuniones tanto con la autoridad laboral como algún representante de la administración judicial para poder tratar estos temas, y fijar un protocolo de actuación lo más ágil posible. También se comprometieron a estudiarlo en la administración educativa.
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