Negocian un acuerdo con penas mínimas para los seis dirigentes de una asociación cannábica
Por Oskar Viéitez
Los abogados de los seis acusados por ser directivos de una asociación empleada, supuestamente, para traficar con cannabis están pendientes de dar una respuesta a la propuesta de acuerdo formulada por el fiscal antidroga de la Audiencia de Pontevedra, Pablo Varela, en la que rebaja sustancialmente su petición de penas.
El juicio estaba señalado para este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra pero la vista no ha llegado a celebrarse ya que las partes optaron por negociar un acuerdo de conformidad.
Inicialmente la Fiscalía solicita cuatro años y tres meses de cárcel para estos seis acusados por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita, pero la propuesta que tienen ahora los letrados de la defensa es mucho más suave, de unos tres meses de prisión para cada uno. Siguiendo el ejemplo de otro caso también juzgado en esta Audiencia provincial como fue la condena a los fundadores del club de cannabis 'Casa María'.
En esta ocasión, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, la entidad figuraba inscrita en el registro de asociaciones de la Xunta y estaba dirigida a integrar a personas consumidoras de marihuana y a todas aquellas que apoyasen la normalización de esta sustancia.
Los seis posteriormente encausados figuraron como presidente, secretario, tesorero y vocales, respectivamente. A raíz de una investigación realizada por el Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, se constató que estos individuos, entre octubre de 2017 y julio de 2018, se sirvieron de la entidad para el "acopio y comercialización de estupefacientes, en concreto, cannabis y hachís".
Según la Fiscalía, su actividad se centraba en la distribución de estupefacientes, sin que constase el modo exacto en que se proveían de la sustancia que luego vendían.
Todo comenzó a raíz de la identificación de varios individuos que salían con bolsitas que contenían marihuana del local de la asociación, situada en Pontevedra.
Además, el escrito señala que, a pesar de lo que figuraba en los estatutos de la asociación, no constaba que se realizase un cultivo de cannabis para autoconsumo privado y exclusivo de sus socios, sino que se destinaba a la comercialización.
Asimismo, en ocasiones a los compradores de las sustancias se les hacían figurar como socios de la entidad, a la que abonaban las cuotas dinerarias correspondientes. No obstante, no se establecía ninguna medida de control sobre el destino de la droga entregada ni sobre quién la consumía, explica la Fiscalía. Así, las vigilancias desarrolladas por los policías permitieron constatar la afluencia de una "generalidad indeterminada de personas" en el establecimiento.
Finalmente, en julio de 2018, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del interior del local, donde los agentes identificaron a varias personas y se incautaron de numerosos efectos, entre ellos diversas cantidades de marihuana, material informático, facturas y documentación contable de la asociación.