El responsable del club cannábico niega ánimo de lucro "sólo fines terapéuticos"
Por Oskar Viéitez
El juzgado de lo Penal acogió este jueves la vista oral contra José Francisco Paz, "secretario y principal impulsor" de la Asociación Pontevedresa de Estudios del Kannabis (APEK), acusado por la fiscalía de un delito contra la salud pública referido a sustancias que no causan grave daño a la salud a través de un establecimiento abierto al público.
Según la fiscalía, esta asociación "apartándose de los fines para los que había sido constituida", acordó realizar una plantación de marihuana cuyo producto sería distribuido entre los socios de la misma, encargándose el acusado del cultivo, cuidados y recolección de la droga.
El acusado negó esta circuntancia asegurando que nunca se apartaron de los fines del club cannábico ya que este cultivo tenía "usos científicos y terapéuticos", una actividad que cumple "con las normas de funcionamiento interno", y en este sentido alegó que nunca se lucró de esta actividad.
"Todos los pagos que realizaron los socios fueron para la autogestión del local social", explicó José Francisco Paz que tan solo reconoció algunas ventas de marihuana a aquellos socios que realizaron previsiones de cultivo para no tener que acudir al mercado clandestino.
El juicio quedó aplazado hasta el próximo 20 de junio
La instrucción de este caso se inició el 19 de junio de 2012, cuando los vecinos de la calle San Nicolás de Pontevedra avisaron a los bomberos alertados "por un fuerte olor a gas" procedente de la sede de APEK.
Buscando el origen de tan intenso olor los servicios de emergencia se toparon en el interior del local con un invernadero 145 plantas marihuana, así como así como 178 gramos de hoja seca y 339 de cogollos, y medio centenar de pastillas de metadona, una balanza de precisión y numerosos útiles para el pesaje, manipulación y envasado de la droga.
Aquella intervención de la policía local "nos supuso la ruina" dijo el acusado
Aquella intervención de la policía local "nos supuso la ruina" dijo el acusado, ya que como consecuencia fueron desahuciados del local que tenían alquilado en el centro histórico pontevedrés.
El juicio quedó aplazado hasta el próximo 20 de junio al faltar una de las testigos que las partes consideran relevantes para la causa, la jefa de Dependencia del Área de Sanidad de Vigo, María Luz Senra, que curiosamente estaba compareciendo a esa misma hora como perito en otro juicio por drogas señalado en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
La pena solicitada para José Francisco Paz es de cuatro años de prisión y de 12.000 euros de multa, además de la clausura del local y de la suspensión de todas las actividades de la asociación. Igualmente la fiscalía pide que el tribunal prohiba al acusado llevar a cabo cualquier actividad asociativa "aunque sea lícita".