Un fraude llega a juicio 16 años después con un fallecido, un fugado, cinco absueltos, doce 'conformados' y cuatro acusados
Por Natalia Puga
Las quejas por los retrasos en los procedimientos judiciales se ponen en el primer plano de la actualidad periódicamente y esta semana han vuelto a estar más de actualidad que nunca en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Una causa que comenzó en Ferrol en el año 2000 sobre un fraude en la comercialización de gasóleo entre los años 1998 y 2000 llegó este jueves a la Sección Segunda procedente de la Audiencia de A Coruña -que se declaró incompetente para juzgarlo en el último momento-. El retraso influyó inevitablemente en la acusación realizada por parte de la Fiscalía, que reconoce la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y finalmente la causa se seguirá tan sólo contra cuatro de los 23 imputados iniciales.
Uno de los 23 procesados ha fallecido durante la instrucción de la causa, otro está fugado de la Justicia y contra cinco el fiscal decidió retirar la acusación, de modo que finalmente serán absueltos. Se trata de José González González, María Sol García Limia, José Castro Puente, David Carro Iglesias y José Veiga Álvarez. La lista de imputados sigue reduciéndose porque 12 de ellos llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de tal modo que se redujo sustancialmente su condena, confesaron los hechos, aceptaron ser condenados y ya no será necesario que sigan sentados en el banquillo.
El resultado es que, 16 años después, tan sólo continuará este juicio contra cuatro personas, dos empresarios y dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Contra ellos, el fiscal ya adelantó que aplicará una circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y pedirá que sean condenados a más de 42 meses de prisión -tres años y medio-, suspensión de empleo público para los agentes y el pago de cuantiosas multas por seis delitos contra la Hacienda Pública.
Tan sólo continuará este juicio contra cuatro personas, dos empresarios y dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera
Este juicio, que ya no será tan 'macro' como se preveía, se retomará el lunes 9 de noviembre contra estos cuatro procesados. Los agentes de Aduanas son el que por aquel entonces era jefe provincial del servicio en A Coruña, José Carrón González, y José Ángel Corcoba Conde, de aquella el encargado de controlar a las empresas de la trama: Carburantes Acibro S.L. y Depósitos de Galicia S.L. (Depogal).
La trama era complicada. Una de sus actuaciones más llamativas era retirar gasóleo B, con régimen fiscal suspensivo, del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña) para comercializarlo como gasóleo A a diversas sociedades portuguesas evitando el pago de impuestos. Además, simulaban utilizar gasóleo B para surtir barcos en distintos puertos gallegos y lo desviaban a un depósito de O Pousadoiro y a una gasolinera de Caldas de Reis para luego comercializarlo como gasóleo A igualmente defraudando a Hacienda en el pago de impuestos.
Este jueves el juicio comenzó con 21 de los 23 acusados sentados en el banquillo y los abogados de las partes pidiendo la suspensión de la causa o la anulación de pruebas como diversas conversaciones telefónicas y reclamando al tribunal que tuviese en cuenta las dilaciones indebidas que se produjeron en este caso. El fiscal coincidió en este último punto y también el presidente del tribunal de la Sección Segunda y finalmente el fiscal acabó por dar a conocer el acuerdo alcanzado con 12 de los imputados.
Fruto de ese acuerdo, Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez serán condenados, con su conformidad, a 7 meses y 16 días de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública que ellos confesaron y cinco meses y ocho días y el pago de dos meses de multa a seis euros diarios por un delito de falsedad en documento mercantil. Son los acusados que se llevan la mayor condena, más de 19 meses de prisión.
Pastor Alicio Antonio Pérez Arribas será condenado a tres meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y cinco meses y ocho días por un delito continuado de falsedad en documento público. Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fernández, Manuel Cándido Vijande Méndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno López cumplirán cinco meses y 8 días de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una multa de 6 meses con cuota de 6 euros al día.
Los agentes de la Guardia Civil Juan Manuel González Díaz, Raimundo González Antón y José Martínez Martínez-Lombardía cumplirán seis meses de multa con una cuota diaria de 6 euros más la inhabilitación especial para el empleo de funcionario público durante un año y Manuel Sobradelo Vicente pagará la misma multa.
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