Los socialistas califican como "grave tomadura de pelo" la situación legal de los núcleos del litoral
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Por Oskar Viéitez
La sede provincial do PSdeG-PSOE de Pontevedra acogió este lunes una reunión de alcaldes y portavoces municipales del Partido Socialista con los diputados y senadores, para hablar de la aplicación de la Ley de Costas de mayo del 2013 que calificaron como una "grave tomadura de pelo".
Entre los asistentes se encontraban Guillermo Meijón, Carmen Gallego, Miguel Fidalgo y José Antonio Sánchez Bugallo que actuó como portavoz ante los medios de comunicación para informar del contenido del encuentro.
Los socialistas criticaron que la reforma de la Ley de Costas "solo serviu" para arreglar las situación de muchos ingleses y alemanes que compraron viviendas en la costa, o regularizar la situación de Ence en la ría de Pontevedra, Petronor en la ría de Bilbao o la factoría de Repsol en Tarragona, "pero deixou sen resolver a demanda histórica de Galicia" para el reconocimiento de los núcleos rurales que pueblan la zona de servidumbre de su litoral.
Sánchez Bugallo señaló que aunque el gobierno del pontevedrés Mariano Rajoy se había comprometido a rebajar la línea de protección a veinte metros "non se atenderon a gran maioría das peticións formuladas polos concellos" al no superar estas aldeas tradicionales alguno de los requisitos exigidos por el Estado como el porcentaje de edificación.
"O que se vendeu coa Lei de Costas ao conxunto de Galicia é unha auténtica mentira", ha afirmado Bugallo.
En Galicia están afectados 146 pueblos marítimos, con unas 12.500 viviendas anteriores a esa norma (del año 1988) algo más del 40% de los núcleos tradicionales de toda España y de ellos la mayor parte (87) en la provincia de Pontevedra.
Entre los ayuntamientos que han recibido la respuesta negativa por parte del Ministerio de Medio Ambiente se encuentra O Grove (con 12 núcleos costeros), A Illa de Arousa (5) y Vilanova (5), y esperando respuesta están otros como Sanxenxo (8 núcleos) y Poio (donde Costas rechazó ampliar el de Raxó).
Más difícil se presenta la situación en el concello de Vilaboa ya que carece de PXOM y no cumple los requisitos en cuanto a su grado de consolidación o existencia de servicios públicos cuando se aprobó la ley (1988).
Por su parte en el caso del Concello de A Illa de Arousa el gobierno local va a interponer un recurso contencioso administrativo contra la Dirección General de Costas por no tener en cuenta sus alegaciones.
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