1.856 establecimientos de la provincia están obligados a disponer de seguridad privada
Por Redacción
Un total de 1.856 establecimientos de la provincia de Pontevedra están obligados aplicar medidas de seguridad específicas de las que se hacen responsables empresas de seguridad privada. Se trata fundamentalmente de oficinas bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias o administraciones de lotería y representantes de todos estos sectores de actividad se dieron cita este lunes en la Subdelegación del Gobierno en Ponteveda en el marco de la Comisión Mixta Provincial de Coordinación de la Seguridad Privada.
Según ha informado la Subdelegación, durante la reunión se repasaron las principales cifras del sector de la seguridad privada en Pontevedra, una actividad en la que trabajan actualmente 1.265 personas en la provincia, entre vigilantes de seguridad, escoltas, detectives privados, jefes de seguridad o guardas de campo, entre otros. Además, tienen sede o delegación en Pontevedra 48 empresas de seguridad privada, entre las que se incluyen los servicios de vigilancia privada, centrales de alarma y agencias de detectives.
El subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, presidió la reunión de la comisión, que aúna a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los representantes de diferentes asociaciones y colegios profesionales de la provincia, de empresas de seguridad privada, así como de los sindicatos UGT, CC.OO.y CIG y la asociación gallega de guardas de campo.
El encuentro sirvió para analizar la situación actual de la seguridad privada en la provincia y estudiar las modificaciones normativas introducidas por la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014. La norma, que está actualmente pendiente de desarrollo reglamentario, aborda aspectos como la lucha contra el intrusismo profesional.