Dos presuntos narcos, juzgados en Pontevedra por un alijo de 3.000 kilos de hachçís en Huelva
Por Natalia Puga
Dos vecinos de Huelva han sido juzgados este jueves en la Audiencia Provincial de Pontevedra como presuntos responsable de un alijo de cerca de 3.000 kilos de hachís que introdujeron por mar desde la costa norteafricana y que fue localizado en la propia Huelva. La ubicación del delito en la provincia andaluza llevó a sus abogados defensores a plantear una cuestión de competencia pidiendo no ser juzgados por el tribunal pontevedrés, sino en la provincia de los hechos, pero finalmente sus intentos resultaron frustados y su juicio quedó visto para sentencia.
Los abogados de los dos acusados, Benito G.M. y Juan Miguel M.V., plantearon esa cuestión de competencia durante la fase de cuestiones previas, pero el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, que hizo un receso en el juicio para analizar estas y otras consideraciones, concluyó que no cabía dirimir tal cuestión territorial porque a lo largo de la instrucción de los hechos que se juzgaban ya se planteó una posible inhibición, pero el Tribunal Supremo acabó dictando un auto en el que declaró que el caso era competencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados y no de una sala de Ayamonte (Huelva).
El fiscal del caso coincide con el tribunal y recordó a los abogados que la droga fue localizada en Huelva y los dos procesados detenidos allí, pero Benito G.M. ya estaba siendo investigado previamente por las Fuerzas de Seguridad en Ponteveda. De hecho, esta actividad de tráfico de drogas que ahora se juzga fue resultado de una investigación desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Galicia en torno a un grupo de narcotraficantes de la comarca de O Salnés (Pontevedra).
Los abogados defensores pidieron también al tribunal que anule las intervenciones telefónicas que permitieron a los agentes hacer seguimientos a las conversaciones de los acusado en las que presuntamente organizaban el narcotransporte, pero el presidente de la Sección Segunda, Xosé Xoán Barreiro Prado, decidió decir sobre su validez cuando dicte sentencia. También analizará en ese momento si en este procedimiento judicial hubo dilaciones indebidas o no.
El fiscal entiende que hubo dilaciones indebidas y pide cinco años y dos meses de cárcel para los acusados
Ambos procesados sostuvieron en la sala su inocencia de los hechos que se le atribuyen, según los cuales organizaron un alijo de 3.000 kilos de hachís, entre el 21 y el 23 de abril del año 2009 transvasaron los fardos entre un pesquero y una embarcación menor en un punto de altamar entre la costa norteafricana y la de Huelva y el barco acabó en Huelva, donde lo intervnino la Guardia Civil.
Benito G.M. solo respondió a las preguntas del abogado del otro acusado y explicó que había establecido contacto con Juan Miguel M.V. para organizar un evento de pesca. El otro acusado sí respondió a todo el interrogatorio y negó en todo momento su intervención en el tráfico de drogas, asegurando que sus actividades "no tienen nada que ver con el transporte de droga ni nada similar".
Tras escucharles a ambos y a los agentes del SVA y la Guardia Civil, el fiscal decidió mantener la acusación contra los dos, pero modificó la pena que les solicitaba al entender que hay que tener en cuenta la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas. Pedía que cada uno fuese condenado a cinco años y siete menos de prisión y el pago una multa de siete millones de euros, pero decidió reducir la estancia en la cárcel a cinco años y dos meses.