Piden la nulidad del proceso contra ocho acusados de vender cocaína y heroína en O Salnés
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La investigación policial y el procedimiento judicial que este jueves sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra a cuatro supuestos narcotraficantes por venta de cocaína y heroína en la comarca de O Salnés ha sido puesta en entredicho por todas las partes personadas en el proceso a excepción del fiscal. El tribunal deberá determinar si hace caso a las defensas de los procesados y anula todas las actuaciones o si sigue la tesis del representante del Ministerio Público y las refrenda.
Ante la disyuntiva, la presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia, Nélida Cid, optó por aplazar la decisión hasta el momento en que se siente a dictar sentencia y este jueves prefirió continuar con el juicio. En la causa están procesadas ocho personas, pero solo se sentaron en el banquillo cuatro, pues la otra mitad tan solo están acusados en concepto de responsables civiles y no es necesario que estén presentes en la vista oral, es suficiente con que su abogado represente sus derechos.
Entre los procesados que se sentaron en el banquillo había una cara conocida, la del arousano Raúl Francisco Bóveda, que en noviembre de 2012 fue absuelto por esta misma Audiencia de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que cuenta con antecedentes por delitos contra la salud pública como el que este jueves le llevó de nuevo ante el tribunal. A su lado, como presuntos cómplices, se sentaron Juan Fernández Corbacho, conocido como 'Tío Baque' Benito Lemos Pérez; y Manuel Tomás Loureiro Rodríguez, los tres sin antecedentes computables por esta causa.
Para Bóveda el fiscal pide seis años de prisión, pero para los otros tres cuatro años y cuatro años y medio. Mención especial requiere el caso de Manuel Tomás Loureiro Rodríguez, pues en su caso el fiscal Antidroga, Luis Uriarte, modificó la petición de condena este mismo jueves al término de la vista oral. En el apartado de conclusiones definitivas, decidió retirar de la acusación formulada contra él la circunstancia agravante de reincidencia, de modo que pasó a pedirle una condena de cuatro años y medio y el pago de una multa de 6.000 euros.
Ninguno de los cuatro acusados quisieron someterse este jueves al interrogatorio del fiscal
Ninguno de los cuatro acusados quisieron someterse este jueves al interrogatorio del fiscal. Tres optaron por responder únicamente a las preguntas de los abogados, tanto del propio como de los del resto de acusados, y el cuarto no respondió a ninguna. Esta circunstancia motivó que ninguno tuviese que enfrentarse a preguntas incómodas ni a la necesidad de negar que sean autores del delito contra la salud pública del que están acusados.
El fiscal mantiene que Raúl Francisco Bóveda "se venía dedicando al tráfico de heroína y cocaína" en toda la provincia y de forma especial en O Salnés y detalla varias operaciones de compra-venta en la que se habría visto implicado, y que varios agentes de la Guardia Civil ratificaron en el juicio. En una de ellas el suministrador habría sido Juan Fernández Corbacho y otra frustrada de envío de droga a Lugo en la que habría contactado con los otros dos procesados, Benito Lemos y Manuel Tomás.
Al no someterse a las preguntas de Luis Uriarte, ninguno tuvo que responder sobre estas actividades. Bóveda se limitó a asegurar que en aquella época era consumidor de droga y que le había pedido a Benito que le llevase a Lugo, pero no para traficar con droga. Juan Fernández también insistió en que era consumidor de cocaína y Benito Lemos ni siquiera quiso responder a su propio abogado.
Las defensas de todos los acusados piden su libre absolución y consideran que el procedimiento debe considerarse nulo porque se vulneraron diversos derechos de sus clientes. Cuestionan así que su derecho a la tutela judicial efectiva se vulneró porque en el procedimiento no constan las transcripciones de todas las escuchas telefónicas que presuntamenten les incriminan o que fueron víctimas de un atestado policial falso y de otras pruebas obtenidas ilegalmente.