Un macrojuicio sentará en el banquillo a la red acusada de sembrar de fardos de droga las Rías Baixas
Por Natalia Puga
Veinte acusados con sus correspondientes abogados, 87 testigos y peritos y penas que suman casi 300 años de prisión y multas multimillonarias. Las cifras son astronómicas y darán lugar a un macrojuicio por narcotráfico sin precedentes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, de dimensiones que solo se recuerdan en la ciudad en relación con la vista oral por blanqueo de capitales que se celebró en el año 2011 por la operación Cormorán.
En este caso, el tribunal provincial juzgará a la red desarticulada en el marco de la operación Piraña, un clan liderado por el capo José Ramiro Vázquez Roma al que se atribuye la responsabilidad sobre dos planeadoras que en octubre de 2007 sembraron con fardos de droga las Rías Baixas en su huida de las Fuerzas de Seguridad.
Hasta el momento, no hay fecha fijada para el juicio, pero las fuentes consultadas señalaron la posibilidad de que haya que habilitar alguna sala de forma específica para su celebración, dadas las dimensiones de la causa y la cantidad de implicados. El fiscal Antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, sí ha concluido ya su escrito de acusación y ha sido remitido a todas las partes para que formulen escrito de defensa.
La Audiencia juzgará a 20 acusados de una organización criminal liderada por el capo José Ramiro Vázquez Roma
La causa será juzgada en la Audiencia Provincial después de que el Tribunal Supremo haya determinado que la Audiencia Nacional no tiene competencias. Se sigue contra 20 de los 32 procesados iniciales por los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y contra la salud pública. En el caso de esta última infracción, el fiscal considera que concurre el subtipo agravado de extraordinaria gravedad en atención a la cantidad de la droga (un alijo de 4.000 kilos) y a la utilización de buques y embarcaciones.
Contra parte de los procesados formula también acusación por delito de integración en organización criminal y coordinación y dirección de organización criminal, pues considera el fiscal que el delito contra la salud publica se cometió en el seno de una red y, en el caso del supuesto cabecilla, Ramiro Vázquez Roma, ostentando la condición de jefe o encargado de la misma.
José Ramiro Vázquez Roma es quien se lleva la peor parte de la acusación del fiscal Antidroga, al pedir al tribunal que le condene a 27 años de prisión y el pago de 604 millones de euros de multas como autor del citado delito contra la salud pública con la cualificación de jefe de la organización, del delito de coordinación y dirección de organización criminal y del de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
El fiscal ya formuló su acusación y pide penas cercanas a los 300 años de cárcel
Considera Luis Uriarte que los procesados Juan Antonio Garre Lázaro, Jorge Lorenzo Santiago, Samuel Gómez de la Torre, José Manuel Vázquez Roma, María Belén Cordeiro Sabana, Santiago Casal Otero, Emilio Sineiro Fernández, José Luis Alonso Roma, Arturo Roma Bermúdez, Benito González Valcárcel, Alexander Sinitsyn, Daniel Dios Vázquez, Dina Vázquez García y Pablo Vázquez Rodríguez, bajo la dirección de Vázquez Roma, formaban parte de una organización criminal que tenía como finalidad última y exclusiva, la introducción en España y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, para lo cual contaban con diversos medios especialmente complejos y específicos para el tráfico de droga, así como con una estructuración jerarquizada y con un preciso reparto de funciones o cometidos, todo ello encaminado al fin último de su actividad de narcotráfico.
A los otros procesados les atribuye solo el delito de blanqueo de capitales, no el de narcotráfico. El fiscal considera que parte de los acusados se han venido enriqueciendo con el producto de la venta de estupefacientes (algunos de ambos delitos). En el caso de Vázquez Roma, sostiene que entre los años 1997 a 2007, el procesado adquirido un auténtica fortuna en bienes, efectos y servicios, con dinero procedente del narcotráfico, transformando de esta forma el dinero de procedencia ilícita en activos patrimoniales de apariencia lícita.
En el marco de estas actividades que se les atribuyen, según el fiscal, en el mes de octubre de 2007 los procesados, bajo la dirección del cabecilla, y con la participación activa de cada uno de ellos organizaron y llevaron a cabo los trámites necesarios para la introducción de una importante cantidad de cocaína en las costas españolas a través de dos lanchas semirrígidas de aproximadamente diez metros y medio de eslora cada una de ellas y equipadas con potentes motores, que habían sido construidas para este exclusivo fin en un astillero de Viana do Castelo (Portugal).
Sobre las 2.00 horas de la madrugada del 29 de octubre de 2007, el helicóptero y las dotaciones marítimas del Servicio de Vigilancia Aduanera localizaron las dos embarcaciones semirrígidas cargadas de cocaína y, al verse sorprendidas, pusieron rumbo una a la playa de Mourisca en Bueu y otra a la Ría de Aurosa, desprendiéndose esta última durante su navegación de varios fardos de cocaína que fueron arrojados al mar para, finalmente, embarrancar en Porto Meloxo, en O Grove.
En la embarcación aprehendida en Mourisca se localizaron 2,5 toneladas de cocaína, que hubieran podido alcanzar en el mercado ilícito el precio de más de 90 millones de euros. De la cocaína que llevaba la embarcación que embarrancó en Meloxo se pudieron recuperar 18 fardos valorados en más de 12 millones de euros.
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