Un retraso de seis años en un procedimiento judicial lleva el fiscal a rebajar su petición de condena a una red de narcos
Por Natalia Puga
Seis años se ha dilatado en los juzgados procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra contra una red de supuestos narcotraficantes liderada por Secundino Fernández Fernández. 'Dino', ex socio de Laureano Oubiña, en la que están encausadas otras seis personas. En los últimos días se ha juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y este jueves, al término de las distintas sesiones de juicio, el fiscal ha considerado procedente modificar su acusación contra los procesados y aplicarles a todos la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, de tal forma que se verían beneficiados de una considerable reducción de la condena impuesta en caso de que el tribunal decida condenarles.
El fiscal del caso, Pablo Varela, tuvo en cuenta en el caso de Secundino Fernández la circunstancia agravante de reincidenica, pues ya había sido condenado por la Audiencia Nacional en 2004 a una pena de cuatro años de prisión por participar junto a Laureano Oubiña en el transporte de un alijo de hachís y recientemente fue de nuevo condenado por la Audiencia de Pontevedra a cinco años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, fallo ratificado por el Tribunal Supremo.
En el caso de otro de los imputados, Eugenio Viñas, le aplica la circunstancia atenuante analógica de confesión, pues cuando fue detenido colaboró con la investigación haciendo aportaciones relevantes para la misma. Además, decidió rebajar la participación de la procesada Alicia Leal Fariña, compañera sentimental de Dino Fernández, al considerarla cómplice del delito contra la salud pública que se le atribuye a los siete acusados, si bien los otros seis serían autores y ella tan sólo colaboradora.
En la que fue la cuarta sesión del juicio en la Audiencia Provincial, el fiscal explicó que, debido a las posibles discrepancias con las que puede encontrarse el tribunal a la hora de fijar la cantidad de droga con la que supuestamente traficaron los procesados, formula una acusación alternativa contra todos ellos. Inicialmente les consideraba autores de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, pero admite que pueden aparecer dudas sobre la cantidad y esta puede no ser considerada de notoria importancia, de ahí que pida al tribunal que si no considera acreditado que traficasen con tanta droga, les condene simplemente por un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud.
En su calificación inicial (la que considera la notoria importancia) reduce la pena que pide a los dos principales acusados, Secundino Fernández y Andrés Chiqueiro Clemente, y pide que en lugar de ser condenados a una pena de nueve años y el pago de una multa de 300.0000 euros, la pena sea de siete años y medio y 138.700 euros de multa. Si el tribunal considera que la cantidad con la que traficaron no fue de notoria importancia, le pide que les imponga cinco años y medio de prisión y multa de 104.025 euros.
Tras la modificación de las conclusiones del fiscal, Antonio Fuentes Fernández se enfrenta a seis años y seis meses de prisión y una multa de 138.700 euros en la primera acusación y cinco años y un día de cárcel y multa de 104.025 euros en la calificación alternativa. Eugenio Viñas Cid y Marcelino Vidal Outeda se enfentan ambos a tres años y medio de prisión y multas de 75.000 euros el primero y 8.000 euros el segundo, pena que no varía a pesar de que el tribunal no tenga en cuenta la notoria importancia que aplica al resto de procesasdos.
Alicia Leal Fariña se enfrenta a la pena menor, tres años y medio de prisión y 30.000 euros de multa en la primera calificación y un año y medio y 15.000 euros de multa en la acusación alternativa.
El fiscal considera que Secundino Fernández se venía dedicando a la venta de drogas principalmente en las inmediaciones de la ciudad de Pontevedra, pero también a otros sitios de la geografía española como Málaga o Cádiz y en el desarrollo de su actividad era cómplice su compañera sentimental Alicia Leal, que le acompañaba en los viajes que realizaba para entregar la droga.
A Eugenio Viñas el fiscal le considera como la persona que se encargaba de almacenar la droga de Dino Fernández en su domicilio y venderla al por menor por su cuenta y encargo. Marcelino Vidal vendía sustancias estupefacientes que le proporcionaba el supuesto líder de la red a cambio de una comisión. Andrés Chiqueiro Clemente vendía en el sur de España mientras que Antonio Fuentes está considerado uno de los clientes.
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