La alcaldesa de Marín justifica que un trabajador del Concello ingresara 17.400 euros en horas extra
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Por Redacción
El sindicato CSIF denuncia que un operario del servicio de agua del Concello de Marín cobró durante 2014 una cantidad que supera los 17.418 euros en concepto de horas extra. Solo durante el pasado mes de septiembre la cifra que recibió por servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual de trabajo ascendió a más de 3.800 euros.
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, justifica este pago en que el ayuntamiento cuenta con más de 25.000 habitantes con un servicio de aguas y obras sin privatizar y un déficit funcional en la plantilla porque es imposible dotarla de más personal en estos momentos. Señala que se trata de uno de los pocos ayuntamientos que no cuenta con una concesión a una empresa privada de este servicio.
Ramallo indica que durante más de veinte años no se ha adecuado la plantilla municipal a las necesidades del municipio. A través de un comunicado, la alcaldesa explica que la avería fuerte en el agua del pasado mes de agosto tuvo en vilo al servicio y los operarios consiguieron atajar un "gran problema que afectó a todo el casco urbano de Marín y de Seixo" durmiendo pocas horas y trabajando por la noche para nivelar los depósitos y dar agua a determinadas zonas. Una semana más tarde hubo una rotura en el bombeo de impulsión en Loira que tuvo que resolverse en horario nocturno.
La regidora de Marín afirma que estas horas extraordinarias vienen realizándose desde hace más de una década y matiza que "es precisamente en estos momentos donde se denuncian, aunque la diferencia es que antes si se pudo aumentar la plantilla y ahora es imposible por estar congelada". Añade que "las denuncias y el alarmismo proviene de un delegado sindical que fue en su día expedientado" y señala que cuenta con una sentencia firme en su contra "dándole la razón al ayuntamiento, por su falta de trabajo, dedicación, por negarse a trabajar y no respetar a sus superiores".
María Ramallo finaliza el escrito indicando que el gobierno local estudia los costes para poder encargar trabajos externamente y que adoptarán una decisión cuando tengan los datos económicos encima de la mesa.