Aplazan a enero el juicio contra dos guardias civiles por filtrar documentación confidencial a narcos
Por Natalia Puga
Cuestiones organizativas y técnicas obligaron este martes a suspender el juicio previsto contra tres personas acusadas de filtrar información clasificada y secreta de la Guardia Civil a diversos grupos criminales, entre ellos organizaciones que se dedicaban al narcotráfico. Dos de los acusados eran guardias civiles en la Comandancia de Pontevedra y el tercero estaba vinculado policialmente con el narcotráfico.
El juicio estaba previsto para las 10.00 horas de este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero finalmente no pudo celebrarse y está aplazado hasta el próximo 22 de enero de 2018.
Fuentes judiciales han explicado que el juicio se retrasó porque uno de los abogados de esta causa es también abogado en otro juicio que se celebró en los últimos días en la Sección Segunda de la Audiencia, un juicio con jurado por el crimen de Arbo. Este martes, antes del inicio del juicio por las filtraciones a los narcos, les habían convocado para entregar a los miembros del jurado el objeto de veredicto para que se fuesen a deliberar y el trámite se prolongó de tal forma que se incorporó hora y media tarde a la otra sala.
Cuando el abogado en cuestión pudo presentarse en la Sección Cuarta de la Audiencia ya era tarde, pasadas las 11.30 horas, y ya imposibilitaba, por temas técnicos, practicar varias pruebas por videoconferencia. Además, ya no daba tiempo a celebrar todo el juicio. Finalmente, se optó por aplazarlo.
La Fiscalía de Pontevedra solicita que los dos guardias, que en la actualidad ya no prestan servicio en la Comandancia de Pontevedra, sean condenados a once años y medio de prisión por un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal. Además, piden que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce.
Javier L.P. formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia y Diego F.C. estaba en la sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial. El tercer acusado es Juan Carlos S.N., un vecino de Vilanova para el que el fiscal pide siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y otro de integración en grupo criminal.
El fiscal sostiene que los tres formaban parte de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales de las investigaciones de la Guardia Civil para su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones. Operaron de manera "estable y continuada", al menos, desde febrero de 2013, fecha en la que se descubrieron las primeras fugas de información, hasta el 30 de julio del mismo año, día que se produjeron las detenciones.
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