Los agentes de la Guardia Civil Javier López Suárez y Diego Fontán Cuesta y el empresario y presunto narcotraficante Juan Carlos Santorum Navazas sentaron este martes en el banquillo de los acusados para ser juzgados como supuestos integrantes de un grupo criminal que obtenía información confidencial de investigaciones del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y se la facilitaban a narcotraficantes. Los tres negaron las filtraciones de información, que habría alcanzado los 2.500 archivos, muchos de ellos de actuaciones protegidas por secreto de sumario.
Los tres serán juzgados durante toda la semana por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El juicio comenzó este martes con la declaración de todos ellos, que no se salieron del guión a pesar de los largos interrogatorios de la fiscal encargada del caso, Marta Durántez, y mantuvieron que no formaban ningún grupo y nunca revelaron información secreta. Además, sus abogados defensores alegaron diversas causas para pedir la nulidad de todo el procedimiento judicial contra ellos, petición que contó con la oposición de la fiscal.
"Yo no difundí nada", aseguró Javier López, que, además, define a Diego Fontán como un guardia civil "fiel al trabajo" y que ese compañero al que se localizaron 2.000 archivos de ECO Galicia en el ordenador "nunca ha trascendido nada a través de él" Diego Fontán también negó cualquier implicación y asegura que tenía en su casa esos archivos porque se los facilitó Javier cuando le pidió ayuda para una investigación. Juan Carlos Santorum negó que los 500 archivos que aparecieron en un ordenador de su casa fuesen suyos e insinúa "persecución policial".
Javier López, como miembro integrante del ECO Galicia, se encargaba, según el fiscal, de apoderarse o sustraer la información sensible o datos reservados de carácter personal que obraban en los archivos y sistemas informáticos utilizados por la mencionada unidad policial. Diego Fontán se apoderaba supuestamente de información del Equipo de Drogas y Crimen Organizado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Pontevedra aprovechando que, por su destino profesional, compartía dependencias con este equipo dentro de la Comandancia de Pontevedra. Además, se encargaba de difundir los datos que obtenían tanto él como el otro procesado.
Esa información llegaba, según el fiscal, a personas ajenas a la Guardia Civil, entre ellas y fundamentalmente, las personas afectadas por las investigaciones policiales que difundía, la mayoría de ellas referidas a actividades de narcotráfico. Diego Fontán se la facilitaba directamente a los interesados o a través del tercer procesado, Juan Carlos Santorum, vinculado policialmente con el narcotráfico, una actividad que se frustró como resultado de una investigación interna de la propia Guardia Civil.
Según la Fiscalía, operaron de manera "estable y continuada", al menos, desde febrero de 2013, fecha en la que se descubrieron las primeras fugas de información, hasta el 30 de julio del mismo año, día que se produjeron las detenciones.
Los dos guardias se enfrentan a una pena de once años y medio de prisión por un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal. Además, piden que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce. Para Juan Carlos Santorum pide siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y otro de integración en grupo criminal.
Estas fueron las declaraciones de cada uno de ellos: