El Concello garantiza la continuidad del servicio de ayuda en el hogar a usuarios y trabajadores
Por Oskar Viéitez
El Concello de Pontevedra acordó este miércoles hacer un "contrato puente" con la empresa Galaurea para cubrir el servicio de ayuda en el hogar y poder así seguir ofreciendo esta prestación de la que se benefician en la actualidad alrededor de 160 personas, la mayor parte grandes dependientes.
Galaurea se hará cargo hasta el próximo martes (se contrataron 1.235 horas), mientras el Concello tramita un contrato eventual por los meses que se tarde en hacer la nueva adjudicación.
El concejal responsable del área de Contratación, Raimundo González explicó que el martes tuvieron conocimiento a través de las trabajadoras de Clece, hasta ahora concesionaria de este servicio, que decidió no dar su anuencia para hacer una prórroga del contrato y le comunicó por carta a las trabajadoras (alrededor de 80) que estaban despedidas, y que desde este miércoles dejaba de prestar este servicio.
Fue este miércoles cuando el Concello recibió la comunicación oficial por parte de la empresa de que no está conforme con la prórroga propuesta la pasada semana por el Concello y acuerda no continuar con el contrato en las condiciones que se le proponen, es decir, seguir con las condiciones económicas actuales.
Raimundo González desveló que la pasada semana mantuvo una reunión con la empresa en la que también estuvo presente la asesoría jurídica y el jefe del servicio. En aquel encuentro, la empresa le solicitó al Concello un incremento de la tarifa de 2,20 euros por hora más IVA, lo que supone alrededor de 200.000 euros más al año, es decir, un incremento del 15% del contrato.
"Isto é unha extorsión en toda regla", explicaba el concejal Raimundo González
"Isto é unha extorsión en toda regla", explicaba el concejal Raimundo González, recordando la situación vivida con anterioridad por el Concello a cargo de otra empresa también del grupo de Florentino Pérez, Cobra. Ya le funcionó a la empresa Clece en otros concellos, "pero iso é non coñecer a nosa forma de traballar en Pontevedra", aseguró el concejal.
El Concello entiende que la intención de la empresa era "tratar de materializar esa chantaxe" dado que tenía prevista una reunión ordinaria con el comité de empresa el próximo 24 de octubre. De no tener previsto continuar con el contrato, no tendría sentido agendar aquella reunión, argumenta el edil nacionalista.
Raimundo González aseguró que las prioridades del Concello fueron siempre "salvagardar os dereitos dos usuarios", que no tendrán disolución de continuidad en la prestación del servicio, "e tamén os dereitos dos cidadáns ao velar pola correcta xestión dos fondos públicos e non ceder á extorsión de Clece".
También agradeció la actitud de los trabajadores, que en una reunión mantenida el martes con el Concello, mantuvieron la intención de seguir prestando el servicio, independientemente de la situación legal transitoria que se pudiese producir.
REACCIÓN DEL PP
El grupo municipal del Partido Popular exige al gobierno local de Pontevedra explicaciones por toda esta gestión. Recordaron que este miércoles, 18 de octubre, vence la prórroga del contrato firmado por el Concello de Pontevedra y tal y como avanzaban los populares el pasado viernes, "el BNG no tiene los deberes hechos en tiempo y forma".
"Un ejemplo más de la parálisis, la descoordinación y la falta de gestión del gobierno del BNG", lamentó la concejal popular, María José Rodríguez, en rueda de prensa.
"Un ejemplo más de la parálisis, la descoordinación y la falta de gestión del Gobierno del BNG", dice el PP
"Los cambios que Lores realizó en su gobierno el pasado mes de abril siguen sin tener resultados. A pesar de contar con un concejal dedicado a la coordinación de contratos, de nuevo el BNG es incapaz de licitar un contrato a tiempo. Las piscinas de Campolongo, el servicio de recogida de basura o el servicio de abastecimiento de agua son otros ejemplos", añadió.
Los populares recuerdan que el contrato para el servicio de ayuda en el hogar fue prorrogado el pasado mes de abril a pesar de que la propia empresa ya había mostrado, a través de un escrito remitido al Concello, su rechazo a seguir prestando este servicio. Además, durante este años, este contrato tampoco estuvo exento de polémica. "En 2013, denunciamos pagos indebidos a la empresa por servicios no prestados y también desvelábamos el pago de un IVA superior al que correspondía", apuntó la concejala popular.
"No se puede tolerar que el gobierno del BNG esté jugando con un asunto tan sensible como es la asistencia a personas dependientes", destacó María José Rodríguez.
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