El Concello de Ponte Caldelas presenta recurso contra la sentencia sobre el personal del CIM
Por Redacción
El gobierno local de Ponte Caldelas formalizó el recurso de súplica ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la sentencia emitida por el juzgado de lo social número 3 de Pontevedra que declara la existencia de relación laboral con las trabajadoras autónomas contratadas por el anterior equipo de gobierno para la atención del Centro de Información a la Mujer (CIM).
El actual equipo municipal, compuesto por PSdeG-PSOE, AVP y BNG, asegura respetar la resolución judicial, pero discrepa en la declaración por parte del juez como despido nulo de unos hechos que "sólo consistieron en la negativa a prorrogar", el pasado 31 de diciembre, "un chapucero contrato de servicios heredado".
Esta decisión, según justifican, fue adoptada "ante las advertencias reiteradas de los técnicos municipales sobre la irregularidad de tal prórroga e incluso el riesgo de haber incurrido en una supuesta prevaricación administrativa". Además, el gobierno local entiende que la prueba propuesta durante la vista oral de este pleito laboral no fue tenida en cuenta en la sentencia.
Aun así, el gobierno local cree que "la sentencia deja muy clara la escandalosa cadena de irregularidades cometida por el anterior alcalde y la anterior Junta de Gobierno del Partido Popular", pues declara como hechos probados que entre el 13 de julio de 2006 y el 1 de enero de 2015, el servicio fue adjudicado seis veces, siempre a las mismas trabajadoras (abogada y psicóloga). "No sólo eso, sino que se prorrogó en otras cinco ocasiones", añaden.
Además, el fallo destaca que las trabajadoras llegaron a trabajar "sin contrato" durante siete meses, que el Concello les abonaba los periodos de vacaciones "aun siendo autónomas" y que el entonces alcalde, el popular Perfecto Rodríguez, les concedió un permiso de maternidad en dos ocasiones, lo que demuestra que "dependían organizativamente" del regidor.
"Si existe una relación laboral consolidada entre el Concello y estas dos trabajadoras autónomas que solo deberían haber estado contratadas como cualquiera empresa de servicios será solo por la chapucera y vergonzosa gestión que ha hecho el PP", señala el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz.
La sentencia admite que el servicio de Intervención "ha venido estableciendo un reparo a la contratación de las demandantes", pero no hace ninguna consideración adicional al respecto, así como a los reparos que el actual alcalde tuvo que salvar para poder pagar las facturas. Así como tampoco, según el Concello, refleja la declaración prestada por la actual secretaria municipal, quien afirmó en sede judicial que haber prorrogado este contrato sería irregular, por lo que, llegado el caso, habría informado en contra.
"También es cierto", subraya el juez, "que el margen de maniobra del Concello en este tipo de situaciones es limitado, por su cualidad de administración pública, con unos procedimientos reglados, no pudiendo crear plazas sin la oportuna cobertura presupuestaria e inclusión en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, estando además prohibida por las últimas leyes de presupuestos la incorporación de nuevo personal".
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