Actualmente en El Salvador, tener una complicación obstétrica que derive en un aborto puede suponer prisión. Según los datos que señala la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos entre 1998 y 2019, "181 mujeres fueron denunciadas y procesadas por aborto o por emergencias obstétricas que provocaron muerte o riesgo de muerte a los fetos".
Una forma de violencia hacia la mujer contra la que trabajan en el país centroamericano activistas como Bea Salazar: "ninguna mujer puede decidir sobre un embarazo ni tener un aborto. Tenemos niñas de nueve años embarazadas producto de violaciones. Ningún Estado puede obligar a una niña a la maternidad. La ley que penaliza el aborto también criminaliza. Son mujeres de escasos recursos económicos, del área rural, que no han tenido una educación y menos una educación sexual. Esas mujeres son condenadas, han tenido complicaciones obstétricas, abortos expontáneos y han llegado al sistema de salud porque es obligatorio atenderlas, pero éste las ha denunciado".
A instancias de la Coordinadora Galega de ONGs - en colaboración con la Diputación -, Bea Salazar participa estos días en una serie de charlas y reuniones con responsables políticos, colectivos feministas y centros educativos. En el Cara a cara nos cuenta cómo comenzó en el activismo social - participando en la guerrilla salvadoreña durante la guerra civil de aquel país (1979 - 1992) -, y puso en marcha junto a otras seis mujeres un movimiento feminista una vez concluido el conflicto armado.
Dice en el podcast de PontevedraViva Radio que "El Salvador es un país tan pequeño que posiblemente no se vea en el mapa, pero a pesar del contexto centroamericano no favorable para la mujer, lo que más me motiva es que haya otras personas interesadas en saber y reconocer que las defensoras existismos, pese a que el Estado no lo haga. Al sentir ese respaldo de otros países nos hace sentir más fuertes".