Nuevo desencuentro entre la Xunta y el Gobierno por la Ley de Cambio Climático: una carta y diferentes interpretaciones
Por Redacción
Pocas horas antes de su aprobación en el Congreso, prevista para este jueves, la Ley de Cambio Climático sigue siendo objeto de polémica entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central, que tienen distintas interpretaciones sobre la posible afectación de la norma al sector conservero y a empresas como Ence en Pontevedra. En esta ocasión, ambas instituciones han vuelto a no entenderse a la hora de interpretar una carta enviada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Semanas atrás, las conselleiras de Mar y Medio Ambiente, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez, enviaron una carta a Ribera mostrando su preocupación porque la ley "pone en riesgo" a empresas situadas en la costa y este miércoles recibieron la respuesta.
La ministra responde en la carta que no considera que la Ley de Cambio Climático "vulnere la seguridad jurídica" ni que sea "inconstitucional" y lanza un mensaje "tranquilizador" en relación con la concesiones de empresas situadas en el litoral.
La misiva, con fecha 7 de abril, hace referencia al polémico punto 4 del artículo 18 de la ley y explica que "establece que 75 años es el plazo máximo de posible duración" de concesiones, "incluidos tanto su tramo inicial, tras el otorgamiento, como todas sus posibles prórrogas", pero que "nada obsta que, concluido ese plazo máximo de 75 años, pueda solicitarse una nueva concesión".
Esta afirmación de Ribera se interpretó por parte de la Xunta como que la ministra corrobora que "la finalidad del artículo 18.4 de la futura Ley de cambio climático es la de eliminar la prórroga extraordinaria de todas las concesiones en la costa".
La Xunta interpreta que la ministra "reconoce que con la nueva norma se pretende prescindir de la actual regulación de la prórroga extraordinaria", de modo que los 75 años de esta extensión se computarían desde la data inicial de la concesión en lugar de hacerlo desde la solicitud de la prórroga, tal y como permite la Ley de Costas para todas las concesiones anteriores al año 2013.
Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que la Xunta interpreta erróneamente la carta de la vicepresidenta, pues en absoluto se hace referencia a la eliminación la prórroga extraordinaria, que aseguran que no se elimina. Así, aclaran que se refiere al plazo de 75 años como la máxima duración total posible de las concesiones (incluido el plazo inicial y todas sus prórrogas), sin perjuicio de que, una vez finalizado éste, pueda solicitarse una nueva concesión de acuerdo con la legislación estatal de Costas y de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, Rosa Quintana también anunció en las últimas horas que si este jueves se aprueba la Ley en su actual redacción, la Xunta recurrirá al Tribunal Constitucional.
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