Niega haberse apropiado indebidamente del dinero de su cliente y asegura que eran sus honorarios como abogado
Por Redacción
La Sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha celebrado este martes un juicio por apropiación indebida en el que el acusado es un letrado con despacho en Vilagarcía por presuntamente apoderarse de 40.000 euros que le entregó una clienta para pagar una fianza judicial.
La Fiscalía ratificó su solicitud de tres años de prisión, así como la suspensión para ejercer la profesión de letrado y de asesoramiento jurídico durante el mismo periodo, el pago de una multa de 2.700 euros y el abono de los 40.000 euros a los herederos de la supuesta perjudicada, que ya ha fallecido.
Según informa el periodista Víctor Méndez en páginas del Diario de Pontevedra el abogado aseguró que el dinero es suyo desde 2009, y que le fue entregado en concepto de honorarios por la representación legal del denunciante y otra persona también condenada por narcotráfico.
El acusado explicó que el acuerdo con estos clientes era por 50.000 euros más impuestos, por lo que los 40.000 solo serían una parte. Según la fiscal esta práctica por parte del letrado de cobrar mediante fianza no está avalada por jurisprudencia alguna.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía a principios de 2008 este abogado asumió la defensa de un hombre que había sido detenido y enviado a prisión por tráfico de drogas. El juzgado número 3 de Cambados que instruía esta causa dictó el 9 de febrero de 2009 un auto en el que se acordó la puesta en libertad bajo fianza de 40.000 euros del cliente. El Ministerio Público sostiene que la madre del procesado retiró ese dinero de una cuenta bancaria y que se lo entregó el 19 de febrero al abogado, "quien se encarga de depositar la fianza, constituyéndose como fiador, para obtener la libertad" de su patrocinado.
Después de ocho años, el 9 de junio de 2017, el Servicio de Ejecutorias de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la devolución de la fianza de 40.000 euros, sin embargo, el fiscal entiende que el letrado, "guiado por la intención de obtener un beneficio económico a costa de lo ajeno, no procedió a su devolución, quedándose con la totalidad de la suma, e incorporándola a su patrimonio".
El abogado fue denunciado por este presunto impago.