Veinte años engañando a compradores de droga entregándoles cafeína por cocaína
Por Natalia Puga
"Empezó como si fuera un macro botellón y terminó en un guateque". Así resumió el abogado pontevedrés Jorge Paladino la operación anti droga que desde este lunes se juzga en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Condensa, de esta forma, el contenido de las intervenciones de la mayoría de los abogados personados en la causa, en la que se sientan en el banquillo de los acusados 13 personas por los delitos de integración en grupo criminal y contra la salud pública para los que la Fiscalía pide penas de entre seis y siete años y medio de prisión. Este letrado asegura que se habló de una macro operación policial, que él compara con un macro botellón que acabó en un guateque porque considera que no hay pruebas para condenar a los procesados.
La Fiscalía sostiene que los acusados formaban parte de un entramado que tenía por finalidad organizar la adquisición de cocaína en cantidades importantes para el tráfico ilícito de la misma, pero los acusados negaron tal circunstancia. Tan sólo cinco de ellos quisieron declarar a todas las partes, incluido el fiscal, y otros cuatro tan sólo a sus abogados. Los cuatro restantes se acogieron a su derecho a no declarar.
Todos ellos negaron el relato de los hechos del ministerio público y atribuyeron la supuesta transacción de cocaína a un intento de engaño por parte de un grupo de ciudadanos colombianos residentes en Madrid a un grupo de ciudadanos gallegos a los que pretendían entregar un kilo de cafeína simulando ser cocaína a cambio de 30.000 euros.
Según se desprende de las declaraciones realizadas este lunes durante la primera de cinco sesiones de juicio en la sección segunda de la Audiencia, en este proceso hay dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, los citados ciudadanos llegados de Madrid, que traían esa droga o supuesta droga y, en el otro, cuatro gallegos y un italiano presuntamente engañados.
El fiscal sostiene que los acusados desempeñaban cada uno de ellos diversas tareas o funciones. Así, Jhon Jairo M.C., Jaime Diego M.E., José Luis A.P., Victor Manuel M.S., Jorge Alonso A.E., JA.N., Andrés Antonio B.O. y Andrés L.T., todos ellos residentes en Madrid, eran las personas encargadas de proporcionar las sustancias estupefacientes, así como de la infraestructura necesaria y transporte de las misma, al resto de los acusados, Giuseppe O., Manuel S.V., Javier C.C., Juan Carlos G.O. y Constantino O.D., residentes en Galicia.
Sin embargo, los acusados que sí declararon negaron esa estructura. Dos de ellos, los gallegos Javier C.C. y Constantino O.D. sólo declararon a preguntas de sus abogados para afirmar que en aquella época, en noviembre de 2016, eran consumidores de cocaína, "de toda la vida" uno y desde el año 96 otro, y tienen acreditada su adicción.
Un acusado: "No soy narcotraficante, llevo muchos años, veinte años, engañando a la gente" por este procedimiento
El resto hablaron para insistir en esa versión de que "no me dedico a la droga", sino que pretendían hacer pasar cafeína por cocaína para engañar a los gallegos, una actividad por la que varios de ellos ya fueron detenidos en el pasado. Uno de ellos, Jaime Diego, aseguró: "no soy narcotraficante, llevo muchos años, veinte años, engañando a la gente" por este procedimiento.
Jhon Jairo fue uno de los que ahondo en más detalles y sostuvo que habitualmente se dedica a este tipo de engaños y que ya tuvo varias causas abiertas en varios juzgados, fundamentalmente en Madrid, pero todas se archivaron porque ellos no trafican con ninguna droga. En este caso, la Policía detuvo a los trece acusados al mismo tiempo y dos, uno de ellos este mismo Jhon Jairo, tenían droga. Él llevaba 6,795 gramos que habrían alcanzado un precio en el mercado ilícito de 812,595 euros y el acusado Andrés L.T., 6,493 gramos valorados en 784,443 euros.
Según confirmaron este y otros acusados ante el tribunal de la Audiencia, llevaban esa droga, en total poco más de 13 gramos, como "señuelo" porque algunas veces los compradores piden probar la mercancía y pretendían decirle que era la misma que la que iba en el paquete que, en realidad, llevaba cafeína.
Luego, esa droga pretendían consumirla entre todos los implicados en el engaño en una fiesta que iban a celebrar en un piso de la localidad coruñesa de Sada en el que fueron detenidos varios de los acusados. Esa fiesta iba a celebrarse una vez que se realizase la venta de la droga falsa en el Burger King de Oleiros, también en A Coruña, en el que se realizaron varias detenciones que frustraron la venta.
"Todo era una mentira", explicaron los acusados que sí quisieron declarar. Ni los que solo hablaron a sus abogados ni los que se sometieron también a las preguntas del fiscal se movieron ni una coma del guión. Sostuvieron que viajaron a Madrid para hacer el intercambio/ engaño y que no llegaron a entregar ninguna sustancia, ni la cafeína, ni esa droga "señuelo" ni una pequeña cantidad de cocaína que solían e meter en el paquete de cafeína por si los compradores querían abrirlo y comprobar si era droga de verdad.
A uno de los acusados le intervinieron una mochila de color negro con una tableta rectangular con anagrama Volvo en una de sus caras, de 967,50 gramos de peso, compuesta por dos partes distintas adheridas entre sí recubiertas con una capa blanquecina. Tras ser pesada y analizada por los servicios sanitarios del Estado, se determinó que estaban compuestas de la siguiente manera: 265,63 gramos de una sustancia de color crema y 701,87 gramos de una sustancia blanca en la que se detectan trazas de cocaína en cantidad de 0,7 gramos.
El juicio continuará este martes pese a los intentos de los abogados defensores de evitar su celebración. Los letrados pidieron primero que no fuese la Audiencia de Pontevedra la que juzgase la causa porque debería ser competencia de la Audiencia Nacional, pero el tribunal, tras deliberar, determinó que sí era su competencia.
Además, los letrados alegaron diversos motivos por los que esta causa debería anularse y sus clientes deberían salir absueltos: se vulneró el secreto de las comunicaciones con una serie de escuchas telefónicas cuya legalidad cuestionan por ser fruto de una "investigación policial claramente prospectiva" y basada en "ningún dato objetivo" y se vulneró su derecho a un proceso justo. Sobre estos asuntos, el tribunal decidirá en sentencia.